La Fiscalía de Valencia y la Abogacía del Estado mantienen la petición de prisión para el expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja, José Luis Olivas y para el empresario Vicente Cotino, por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, en sus conclusiones en el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia. Los peritos de la acusación ratificaron, durante las sesiones del juicio, que el pago de Cotino a Olivas de 580.000 euros en concepto de asesoramiento en una operación de venta de acciones no correspondió a un trabajo realmente realizado. La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno de los procesados, mientras que el abogado del Estado solicita dos años y medio para ambos y también para Mercedes Álvarez, esposa de Olivas y su socia en la sociedad a través de la que se habría realizado la intermediación.
Para la Abogacía del Estado, además de las implicaciones penales, "merece un reproche ético la actitud de Olivas por representar a todas las partes, a compradores y vendedores en la misma operación. Su posición queda bastante en entredicho".
Los peritos explicaron que ni Olivas, ni su mujer ni la sociedad de la que ambos eran titulares, Imarol, a través de la que se emitió la factura aparecen, en ningún momento, como intermediarios en la negociación para la venta a Endesa del 25 por ciento que Sedesa -empresa de Cotino- tenía en Proyectos Eólicos Valencianos (Pevsa). Endesa era la propietaria del 55 por ciento restante y, según relataron ambos procesados, no tenía interés inicial en hacerse con el total del capital, aunque finalmente lo adquirió ejerciendo un derecho de preferencia cuando Sedesa (Cotino) y Bancaja habían acordado la venta a Iberdrola, gracias a la mediación de Olivas, entonces también consejero de Iberdrola.
Esta operación, por 39,3 millones, se cerró junto a la venta del 20 por ciento de Bancaja en Pevsa. Sedesa se desgravó esa factura, "lo que supuso un perjuicio para Hacienda de 150.000 euros", según los técnicos.
Olivas y Cotino han mantenido, en todo momento, que el trabajo de asesoramiento e intermediación se llevó a cabo y que fue totalmente legal. Por su parte, los peritos indicaron que, en un principio, Olivas y Cotino afirmaron que fue un asesoramiento "verbal", del que no existía soporte documental de ningún tipo. Posteriormente, ante los requerimientos de Hacienda, aportaron un informe de tres páginas, firmado por la esposa de Olivas, con fecha 2008 -aunque Álvarez dijo que firmó en 2013-. Los técnicos lo consideran "un intento desesperado de justificar un servicio, pero no justifica nada".
