Desde que en julio de 2022 el Banco Central Europeo (BCE) anunciara la primera subida de tipos desde 2011, el volumen de transacciones de vivienda comenzó a ralentizarse, lo que generó algunas dudas en 2023 sobre la posibilidad de estar ante una posible corrección severa de volúmenes y precios. Entonces, las comparaciones con lo ocurrido en la gran crisis financiera de 2010 fueron inevitables y muchos pronosticaron un derrumbe de las transacciones y caída de los precios.
El mercado de capitales lo tiene claro: la financiación o está ligada a la estrategia ESG (en inglés, Environmental, Social y Governance) o no será. La banca y el conjunto de agentes financiadores han pasado página a la llamada financiación verde y van mucho más allá al fijar sus objetivos al conceder crédito: piden el compromiso ambiental a las compañías, pero también el social y el de gobierno corporativo. Y todo ello en plena subida de tipos para tratar de contener la inflación, lo que hace más importante responder a las peticiones de los inversores y financiadores.
Después de la entrada en vigor el pasado 16 de junio de la nueva Ley Hipotecaria, las entidades financieras, el sector promotor y los compradores de una vivienda nos encontramos frente a un nuevo escenario del crédito inmobiliario repleto de incertidumbres y burocracia.