Es claro que estamos metidos en un período de gran producción legislativa en el Derecho del Trabajo. La sucesión de Reales Decretos-leyes que ha caracterizado la crisis sanitaria global ha ido ampliando su objeto para incluir otras cuestiones ajenas a las necesidades provocadas por la pandemia.
Una vez pasado el susto de ver que se terminaban los Ertes y no había acuerdo para prorrogarlos, podemos preocuparnos de cómo serán los que gestionemos durante los próximos meses. El instrumento por excelencia de apoyo a las empresas durante la crisis COVID, el ERTE, seguirá siendo central para evitar una masiva destrucción de empleo. Fue la opción lógica en su momento, aunque no podemos dejar de señalar cómo, quizás, si se hubieran previsto otras medidas de ajuste, la dependencia de los llamados ERTES-COVID no hubiera llegado al punto en el que estamos, en el que, por los pelos, nos hemos librado de una verdadera tragedia social.
Ni empezó en 2012 ni terminó este año, sino que fue un proceso de modificación legislativa que comenzó en 2010 y continuó hasta 2014, con gobiernos socialistas y conservadores. El impulso más importante se produjo mediante un Real Decreto-Ley de enorme alcance, el 3/2012, que explica que todos la conozcamos como la "reforma de 2012". Ahora se habla de derogarla en su integridad. Veremos que supone esto.
