Tras una semana convulsa en las relaciones entre el Gobierno central y el PNV, las aguas han vuelto a su cauce. El presidente Pedro Sánchez ha mantenido sendas conversaciones con el lehendakari Iñigo Urkullu y con el presidente de la formación nacionalista, Andoni Ortuzar, con las que parecen haberse solventado las diferencias entre ambos Gobiernos. Éstas eran, básicamente, las originadas a causa del decreto de paralización de las actividades no esenciales.
La crisis provocada por el coronavirus va a marcar un antes y un después en ámbitos como el político. La gestión que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez está afectando a relaciones asentadas y consolidadas en el tiempo, como la que mantiene el PSOE con los nacionalistas vascos.
El PNV, 'socio' de Pedro Sánchez en Madrid, ha dado un golpe en la mesa tras la aprobación del decreto que regula el parón de la producción no esencial. Haciendo valer el peso de sus seis escaños, ha logrado que sectores como el siderúrgico mantengan su actividad, evitando la parada total de sus fábricas.
Las relaciones entre el Gobierno y los empresarios están muy maltrechas y los reproches desde las principales organizaciones se sucedieron a lo largo de ayer. Como resalta Javier González de Lara, presidente de la CEA andaluza, ha habido un antes y un después en la actuación del Gobierno en lo que a medidas económicas y sociales se refiere.
Kutxabank condonará el pago de la renta del alquiler los próximos tres meses (abril, mayo y junio) a las familias que habiten en viviendas de su propiedad que estén acogidas al Fondo Social de Vivienda (FSV) y se hayan visto afectadas por la crisis provocada por el Covid-19.
El Gobierno vasco ha realizado una tercera emisión del 'Bono Sostenible Euskadi', por valor de 500 millones, y la demanda ha sido más de siete veces superior a la oferta, que se ha elevado a 3.521 millones.
Euskadi ha activado la primera batería de medidas, por un importe de 841 millones de euros, para paliar el impacto del coronavirus en la economía vasca. Esta cantidad se incluye en un fondo de 1.025 millones aprobado por el Gobierno vasco y constituye un plan de choque complementario a las medidas del Gobierno español, para evitar el parón productivo en el País Vasco.