La Comisión Europea desveló esta semana el nuevo presupuesto de la UE para el periodo de 2028 a 2034. La que tiene todos los visos de convertirse en una de las negociaciones más difíciles de la legislatura no ha tardado en generar reacciones, empezando por el rechazo de los agricultores. Pero más allá de los propios sectores afectados, se prevén tiranteces en la negociación de unas cuentas que incrementan la partida de recursos. Las capitales más frugales, como Berlín y La Haya, ya han manifestado su rechazo a incrementar la dotación y recursos de las arcas comunitarias.

Bruselas y Washington prosiguen su intensa negociación a escasas dos semanas de que termine el plazo de prórroga concedido por el líder estadounidense Donald Trump. El arranque de agosto marca el plazo límite para la aplicación de aranceles a ambos lados del Atlántico a falta de un acuerdo. Y la escalada del republicano al 30% del pasado fin de semana no suaviza la conversación. De hacerse realidad la promesa de la Casa Blanca, el PIB de la eurozona podría sufrir un recorte de hasta el 1,2% el año que viene. Los sectores más expuestos e impactados por tales medidas serían el farmacéutico y el automovilístico.

La Comisión Europea aprende de las lecciones extraídas de circunstancias extremas, como ha sido la pandemia del Covid o la invasión militar rusa de Ucrania, y lo refleja en su estructura para el próximo presupuesto comunitario. Bruselas plantea crear un mecanismo de crisis por el cual la UE podría ejecutar una emisión de deuda conjunta de hasta 395.000 millones de euros para hacer frente a circunstancias extremas.

Hace tiempo que Bruselas viene mostrando su disconformidad por la manera en la que el Gobierno ha procedido en la OPA de BBVA a Sabadell. La Comisión Europea ha anunciado este jueves que abre un procedimiento de infracción contra España porque las normas que ha aplicado en la operación no se ajustan al derecho comunitario. Una decisión que podría acabar en sanciones económicas y ante la Justicia europea. Pero no solo esto, abre la puerta a una batalla judicial entre las entidades bancarias y el Ejecutivo de Sánchez.

Bruselas ajusta sus cuentas para los próximos años en un intento por dar cabida a una mayor inversión en defensa al tiempo que mantiene el equilibrio con los fondos agrícolas y de Cohesión. El sector del campo ya ha empezado a revolucionarse ante la perspectiva de un cambio en la estructura y dotación de su partida presupuestaria. La propuesta de la Comisión Europea plantea incluir un nuevo impuesto a las empresas que superen los 100 millones de facturación con el que pretende recaudar 6.800 millones de euros entre 2028 y 2034.