Los impuestos, como consideraba el juez del Tribunal Supremo estadounidense, Oliver Wendell Holmes, “son el precio que hemos de pagar por una sociedad civilizada”, y ese precio está subiendo, por los ingentes gastos derivados de la lucha contra el Covid-19, como compras de material sanitario, prestaciones de desempleo por despidos y ERTE, inyecciones de liquidez a empresas, y gastos sociales, poniendo a prueba no solo la salud de la ciudadanía, sino la propia economía.
E l Tribunal Constitucional (TC) dictó el pasado jueves, 8 de junio, una sentencia por la que se anula una de las decisiones más controvertidas de las que ha tomado el actual Ejecutivo: la amnistía fiscal. El Alto Tribunal se ha despachado a gusto, pues en su fallo afirma tajantemente que la amnistía "ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art 31 de la Constitución, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad."
Cuando oímos hablar de paraísos fiscales, además de un lugar donde se pagan impuestos muy bajos, imaginamos sitios evocadores, exóticos y lejanos, como Bermudas o las islas Seychelles, o todo lo más, pequeños países como Andorra o Gibraltar, que basan sus economías en esta estrategia.
Cada vez que surge una noticia sobre paraísos fiscales, recuerdo la triunfalista frase de Nicolás Sarkozy durante una cumbre de jefes de Estado en 2009 afirmando que "la época del secreto bancario se había terminado". Hoy en día, según la Unión Europea y la OCDE, existen aún varias docenas de "jurisdicciones no suficientemente cooperativas" y ello convierte las palabras del exdirigente galo en una bonita declaración de intenciones fallidas.