Cada vez que surge una noticia sobre paraísos fiscales, recuerdo la triunfalista frase de Nicolás Sarkozy durante una cumbre de jefes de Estado en 2009 afirmando que "la época del secreto bancario se había terminado". Hoy en día, según la Unión Europea y la OCDE, existen aún varias docenas de "jurisdicciones no suficientemente cooperativas" y ello convierte las palabras del exdirigente galo en una bonita declaración de intenciones fallidas.
Lo cierto es que la solución a este problema internacional tiene que venir del mismo plano. Los pasos dados en la última década, como las negociaciones para atajar las malas praxis de las multinacionales que desvían sus beneficios hacia países de baja tributación, o los planes de intercambiar automáticamente información bancaria, aunque iniciados hace años y con aparente entendimiento, aún no han cristalizado.
En España ideamos una desacertada amnistía fiscal que recaudó la mitad de lo previsto y sirvió para ocultar el origen del dinero negro, en muchos casos, producto del delito. Ha sido habitual que los implicados en casos de corrupción reconocieran haberse beneficiado de la amnistía. Los implicados en los papeles de Panamá no lo han hecho, por lo que parece que no ha servido para repatriar fondos de paraísos. En el lado positivo, la obligación de informar sobre los bienes en el extranjero y las contundentes sanciones por no hacerlo supusieron un estimulo a declarar y un aviso de que el que oculte bienes en el extranjero, cuando sea descubierto, tendrá que pagar. Pero el escaso volumen de dinero declarado procedente de Panamá y otros paraísos induce a pensar que el defraudador se siente aún seguro y no quiere declarar ni regularizar.
Pudiera parecer que los paraísos fiscales están pasando por momentos bajos, ya que la lista española se reduce cada año por la mera firma con cada paraíso de un convenio de intercambio de información, como el suscrito con Panamá en 2011. Sin embargo, estos convenios son solo un maquillaje, porque no incluyen cláusulas de intercambio automático de información, sino solo peticiones individuales que suelen ser desatendidas escudándose en cualquier defecto de forma o, directamente, ni siquiera son contestadas. Por ello todo sigue igual, ya que estos países no colaborarán jamás porque su negocio es precisamente el de amparar a quienes deseen ocultar dinero.
Me atrevería a decir que vamos a peor, pues la proliferación de intermediarios con oficinas en España hace posible crear empresas off-shore desde nuestro país, lo que ha generalizado el acceso a estos mecanismos que hoy en día están al alcance de cualquiera que quiera ocultar un poco de dinero. Además su coste se "amortiza" con lo que se evade en impuestos.
Llegados a este punto hay que preguntarse por qué no se toman algunas de las medidas que los expertos en nuestro país proponen para atajar el problema, como es la de obligar a los bancos españoles con sucursales en paraísos fiscales a identificar a sus clientes y movimientos de cuentas; la de no reconocerle la personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español; el considerar paraísos fiscales a los países que no acepten el intercambio automático de información con España; o el establecimiento de una tasa a las transferencias de dinero desde y hacia paraísos, como hace ya Francia.
Además, algo debemos estar haciendo mal cuando son las investigaciones periodísticas y no las de Hacienda o la Policía quienes están destapando escándalos como los de los papeles de Panamá, el caso Pujol, o los papeles de Luxemburgo. Episodios tan lamentables como estos nos debería hacer recapacitar sobre nuestras leyes, que están demostrando no ser eficaces para descubrir y reprimir este tipo de ilícitos.
El hecho de que se hayan visto involucrados en los papeles de Panamá 12 jefes de Estado y algunos ministros ilustra muy bien la falta de voluntad de llegar a acuerdos anti-paraísos. Obviamente, si los que tienen que luchar contra ellos se sirven de ellos difícilmente los van a erradicar, y todo quedará en bonitas declaraciones.
Con todo, hay que alegrarse de que noticias y escándalos de este tipo salgan a la luz pública, porque estas "penas de telediario" ponen a muchos en su sitio, conciencian a la opinión pública de la necesidad de acabar con los paraísos y, además, quitan el sentimiento de seguridad e impunidad de los que tienen allí ocultas las riquezas derivadas del fraude fiscal, de la corrupción y de las actividades delictivas. Desde ahora ya no se sentirán tan seguros.
Entidades
