La protección por desempleo se organiza de dos maneras fundamentales: con la compensación económica de la pérdida de las rentas del trabajo a través de la prestación por desempleo (el seguro y subsidios por desempleo), lo que popularmente se conoce como “cobrar el paro”; y, por otro lado, con las medidas directamente dirigidas a facilitar que el desempleado encuentre un nuevo trabajo (registro, información sobre vacantes, orientación, formación, ayudas a la contratación…). Estas dos medidas se combinan y complementan con las medidas de políticas pasivas, como la protección económica, que no supone una actuación por parte del desempleado y que se limita a cobrar su prestación, y con las políticas activas (entrevistas, renovación de la demanda, cursos de formación…), que exigen una participación personal y un compromiso de quien se encuentra en desempleo, con la finalidad última y común de que el parado encuentre empleo cuanto antes.

Es bien conocido que España es un país de pequeñas y medianas empresas. Realmente, es un país de microempresas y pequeñas empresas. Números arriba o abajo -según las fechas-, de manera consistente, de los cerca de tres millones de empresas de nuestro mercado, solo apenas 5.500 tienen más de 250 trabajadores (según la regulación de la UE son pymes todas las empresas de menos de 250 trabajadores y, dentro de ellas, pequeñas empresas las que emplean de 10 a 249 y microempresas, las que tienen menos de 10). En términos de empleo en el sector privado, las pymes suponen más del 60% del total de ocupados y las microempresas andan cerca del 50%. Es decir, que uno de cada dos ocupados del sector privado trabaja en una empresa de menos de 10 trabajadores, ya sea como autónomo o empleado.