Madrid
La protección por desempleo se organiza de dos maneras fundamentales: con la compensación económica de la pérdida de las rentas del trabajo a través de la prestación por desempleo (el seguro y subsidios por desempleo), lo que popularmente se conoce como "cobrar el paro"; y, por otro lado, con las medidas directamente dirigidas a facilitar que el desempleado encuentre un nuevo trabajo (registro, información sobre vacantes, orientación, formación, ayudas a la contratación…). Estas dos medidas se combinan y complementan con las medidas de políticas pasivas, como la protección económica, que no supone una actuación por parte del desempleado y que se limita a cobrar su prestación, y con las políticas activas (entrevistas, renovación de la demanda, cursos de formación…), que exigen una participación personal y un compromiso de quien se encuentra en desempleo, con la finalidad última y común de que el parado encuentre empleo cuanto antes.
Este esquema de combinación de políticas activas y pasivas es común en todos los países desarrollados y tiene su máxima extensión y desarrollo en Europa Occidental. La protección por desempleo es parte fundamental del Estado del Bienestar y, en el caso español, es la única prestación expresamente incluida en la Constitución.
En un país como el nuestro, con un elevado nivel de desempleo (la tasa de paro de manera consistente durante décadas duplica la media de la europea, tanto en épocas de crisis, como de bonanza), los recursos necesarios para financiar la protección son muy elevados, como consecuencia del alto paro. La necesidad de proteger económicamente a quien no tiene trabajo y el hecho de que el seguro por desempleo genere un derecho exigible por quien reúne los requisitos, explica que en España se destinen muchísimos más recursos a las políticas pasivas (protección económica), que a las medidas de activación o políticas activas. La consecuencia es clara: si las medidas de activación son limitadas, las posibilidades de reincorporarse al empleo, o de salir del paro, son limitadas y nos llevan al círculo vicioso de que no hay suficientes recursos para ayudar a tantos parados y, que, a la vez, hay muchos parados porque no hay suficientes recursos para atenderlos.
Con todo, los recursos que se destinan a políticas activas, aunque muy inferiores al coste del seguro de desempleo, son elevadísimos y suponen más de 6.000 millones de euros anuales.
Lo que no se entiende tan fácilmente es la ausencia de un debate profundo y amplio sobre las causas y posibles soluciones de un problema, como el del desempleo, que nos distingue del resto de países y que se mantiene de manera permanente entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Quizás se deba a la resignación general y a la asunción de esta situación como inevitable, pero las referencias al paro en los medios de comunicación se limitan a las periódicas presentaciones de los datos, a la valoración del gobierno de turno y a los comentarios que la información provoca a las organizaciones empresariales y sindicales. Hay también estudios especializados. Los del Banco de España, por críticos, suelen ser bastante mal recibidos por sus destinatarios y publicaciones e investigaciones, pero que no salen de los ámbitos universitarios o de los centros de estudios especializados.
La percepción popular de la gestión y eficacia de las políticas activas de empleo es bastante negativa y se basa en la escasísima tasa de colocación de los servicios públicos de empleo, en la creciente escasez de profesionales en algunos sectores productivos, en la falta de transparencia sobre la utilización de los fondos públicos (señalada por la AIREF y marcada por los casos de fraude de años pasados) y en la falta de información y transparencia sobre los programas públicos y sus resultados.
Varias causas contribuyen a este panorama. Por un lado, la ordenación legal y administrativa es especialmente compleja, ya que la legislación y la financiación es principalmente estatal y la gestión es autonómica y local. Además, los interlocutores sociales, organizaciones empresariales y sindicales, participan también en el diseño de políticas y programas de actuación, que se pueden desarrollar en colaboración con entidades privadas. El modelo de gobierno de las políticas activas incorpora a casi todos, pero todos juegan papeles parciales a la hora de hacer efectiva la gestión y no hay un gestor integral e integrado que dé cuentas de lo que hace. Hay multitud de normas, planes y estrategias, pero pasan los años y la percepción general es de desconocimiento de los resultados de estas políticas y de la permanencia de los problemas, como la alta tasa de paro, la falta de adecuación de la formación a las necesidades del mercado de trabajo o el colapso de las Oficinas de Empleo.
Cuestiones aparentemente sencillas como compartimentar los clientes, y colaborar con gestores especializados, o no se hacen, o no se sabe si se hacen. Es imposible pretender atender a más de tres millones de desempleados. Es evidente que no precisa la misma atención y servicios un joven licenciado universitario que busca su primer empleo, que un parado de larga duración sin formación, que un inmigrante que no conoce nuestro idioma, que una persona con una discapacidad física o psíquica, o que un trabajador que ha perdido un empleo que ha quedado desfasado. La única solución posible pasa por la especialización de los gestores de las acciones que ayuden a encontrar el empleo o mejoren las condiciones de los parados y la agrupación de estos en colectivos con necesidades similares. Pretender hacerlo todo a través de los servicios públicos de empleo es encomendarles una tarea imposible y condenarlos al colapso y a las colas. La colaboración con las bolsas de empleo de las universidades, los colegios profesionales, entidades como la ONCE y el CERMI, las grandes Empresas de Trabajo Temporal o Cáritas, y la involucración directa de los sectores empresariales es la única solución viable para abordar el problema. Distribuir, especializar, apoyar con recursos públicos y evaluar resultados.
En España hay cerca de un millón de parados de larga duración (más de 24 meses) y con carencias formativas, por lo que los planes de choque para quienes más dificultades tienen de acceder al mercado de trabajo podrían ser otra vía de actuación.
Todo este esquema y muchas acciones más caben en la ley y en las estrategias en marcha y la financiación europea brinda una gran oportunidad para acelerar las actuaciones en la materia. Parece que la apuesta por las políticas activas es la que han asumido todos los actores (gobierno, CCAA, Corporaciones Locales, organizaciones empresariales y sindicales) para luchar contra el mal endémico de nuestra economía.
Mal presagio supone que a alguien le digan que le ha llegado su hora. No habría mejor noticia para el mercado de trabajo español que comprobar que ha llegado la hora de las políticas activas de empleo.
