Madrid
Es bien conocido que España es un país de pequeñas y medianas empresas. Realmente, es un país de microempresas y pequeñas empresas. Números arriba o abajo -según las fechas-, de manera consistente, de los cerca de tres millones de empresas de nuestro mercado, solo apenas 5.500 tienen más de 250 trabajadores (según la regulación de la UE son pymes todas las empresas de menos de 250 trabajadores y, dentro de ellas, pequeñas empresas las que emplean de 10 a 249 y microempresas, las que tienen menos de 10). En términos de empleo en el sector privado, las pymes suponen más del 60% del total de ocupados y las microempresas andan cerca del 50%. Es decir, que uno de cada dos ocupados del sector privado trabaja en una empresa de menos de 10 trabajadores, ya sea como autónomo o empleado.
A pesar de su dinamismo, ya que las pymes suponen la mayor creación de empresas, también son las que más frecuentemente echan el cierre y, en comparación a las grandes empresas con las que en muchos casos compiten, registran indicadores que reflejan una comparativa debilidad: menos capacidad de financiación, menores niveles formativos y de acceso a la formación de empleados y empleadores, menores salarios, menos acceso y utilización de nuevas tecnologías, menor internacionalización y mucha menos inversión y acceso a la investigación y desarrollo. Estos son algunos de los indicadores que dan como resultado general una menor productividad y un marco general de debilidad en comparación con muchos de nuestros socios europeos. De hecho, se repite con bastante frecuencia que una de las importantes limitaciones de la economía española es el pequeño tamaño de sus empresas. Es curioso lo esporádico y escaso que es el análisis sobre esta cuestión.
Si nos referimos a la legislación laboral, que tiene una incidencia capital a la hora de facilitar (o no) la contratación de trabajadores, la norma española no contiene una regulación específica para pequeñas empresas y microempresas, como sí hacen la mayoría de nuestros socios europeos, que disponen de regulaciones más flexibles y que buscan acomodarse al menos "músculo" de las empresas de menor tamaño. El Estatuto de los Trabajadores (ET) parece pensado para empresas medianas y grandes y así, muchas de sus disposiciones no plantean problemas de gestión para estas, pero pueden suponer verdaderos quebraderos de cabeza (a veces, hasta serias amenazas para su viabilidad) para las más pequeñas. Si pensamos en una baja por enfermedad que se prolonga en el tiempo o en las tensiones por una adecuación de jornada a las circunstancias familiares de un trabajador, o incluso en la actualización de los salarios de convenio para quien registra pérdidas y en las complicaciones que, en comparación con las empresas más grandes, se les plantean a las microempresas. Lo mismo se podría decir de la mayor exigencia proporcional que suponen las subidas del salario mínimo, de las bases de cotización a la Seguridad Social o de la disminución de jornada.
Es llamativa también la escasa atención que, tanto en las campañas electorales, como en las declaraciones de los responsables políticos, e incluso en los planteamientos de los interlocutores sociales, se da a posibles cambios normativos que ayuden a este nutrido grupo (el tamaño medio de la empresa en España es de menos de seis trabajadores). Aún llama más la atención que de cuando de empresas se trata, los responsables políticos de casi todo el arco parlamentario se suelen alinear en una inexplicada microfilia y en una inexplicable macrofobia. Cuesta entender como de todas las múltiples reformas laborales que se han registrado en los más de cuarenta años de vida del ET, en ninguna de ellas haya sido esta pactada o dictada por el gobierno de turno, se haya oído una voz discrepante o aun matizada por parte de los pequeños. Es cierto que los sindicatos representan a todos los trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa, pero no es menos cierto que la gran mayoría de los negociadores sindicales provienen de grandes empresas y, a veces, parecen no tener en mente las necesidades de las pymes.
Otras normas como la regulación concursal -que vendría al caso-, se han acomodado al tamaño de las empresas y aportan una experiencia positiva.
Tampoco en la campaña electoral, ni en la legislatura que acaba de empezar su andadura, hemos tenido noticia que indicara la preocupación, o que contuviera propuestas en clave pyme. Hay una excepción, contenida en el acuerdo entre el PSOE y Sumar, ya que en él se anuncia que "se desarrollarán las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las PYMES en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. Asimismo, se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos". No es una gran concreción, ni hemos conocido todavía la reacción de los interesados, pero que al menos se plantee dar mayor voz a quien representa la gran mayoría del parque empresarial y mas de la mitad del empleo privado, no parece una mala noticia.
