El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ofreció ayer por la mañana durante una entrevista en Cope las primeras estimaciones que su departamento ha realizado sobre una hipotética independencia de Cataluña. "El empobrecimiento sería brutal", señaló el ministro, augurando que el PIB caería entre un 25% y un 30% y el paro se duplicaría. En estos momentos supera los 205.000 millones, casi el 20% de la economía española.
Las voces de alerta sobre los avances de la hoja de ruta independentista en Cataluña están llegando desde cada vez más frentes y se han convertido en una amenaza real que está empañando las perspectivas de crecimiento de la economía española. Entidades nacionales e internacionales han coincidido en las últimas dos semanas en la publicación de advertencias y previsiones nada halagüeñas, y el Ejecutivo de Mariano Rajoy también tiene en cuenta este escenario. Así es el 'plan B' de las empresas.
El Gobierno se vio ayer obligado a llegar más lejos que nunca con una autonomía. En un acuerdo sin precedentes, el Consejo de Ministros dejó a la Generalitat sin competencias sobre su gasto con el objetivo de garantizar que no se dedica un solo euro al referéndum del 1-O. Todo ello tras negarse Oriol Junqueras, vicepresidente catalán, a facilitar información semanal sobre los movimientos de dinero de su Ejecutivo. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, toma ya el control financiero de los servicios públicos esenciales (sanidad y educación) y da 48 horas a Carles Puigdemont para que apruebe un Acuerdo de No Disponibilidad del resto de partidas de gasto.
El Ministerio de Hacienda intervendrá las finanzas catalanas para evitar que la Generalitat destine fondos de los Presupuestos al referéndum del 1-O. El Estado, que es el encargado de liberar el montante que corresponde a cada comunidad autónoma a cuenta de la financiación autonómica para que ésta abone sus gastos de funcionamiento, será ahora el que pague directamente a los funcionarios y los servicios públicos catalanes. Se prevé que las nuevas medidas se aprueben este viernes en el Consejo de Ministros.
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El referéndum catalán del 1 de octubre no es, ni mucho menos, el único reto al que se enfrentará el Gobierno cuando vuelva de vacaciones. Haciendo mucho menos ruido, pero impactando de lleno sobre las maltrechas finanzas públicas, acecha el inmenso problema del pago de las pensiones, para las que este año ha habido que dedicar la cantidad récord de 140.000 millones de euros. Una suma alcanzable gracias al préstamo de 10.192 millones que el Estado va a hacer a la Seguridad Social por la vía del endeudamiento público.
El avance trimestral del PIB del 0,9 por ciento entre los meses de abril y junio ha devuelto a España al nivel de riqueza que ostentaba en el verano de 2007, justo cuando se desataba la tormenta de las hipotecas subprime y la economía internacional empezaba a notar los efectos de una crisis financiera sin precedentes desde el crak del 29. En 2008 nuestro país aún pudo avanzar algo más por el efecto inercial del crecimiento, pero para entonces el paro, la deuda y el déficit escalaban ya a un ritmo vertiginoso.
El PP se mueve, por ahora, en arenas movedizas en el terreno de la regulación turística. Mientras algunas autonomías gobernadas por este partido han dado pasos en la dirección de poner orden en el sector a través de leyes a los alquileres turísticos, como sucede con Galicia, otras rechazan de plano a aprobar normas o tasas que puedan provocar un descenso en el número de visitantes. Y en ese segundo bloque se sitúa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ayer se mostró "en contra de cualquier medida" que pueda restringir el turismo.