El pulso político creciente entre los independentistas catalanes y el Gobierno central en la última semana está agudizando la intranquilidad de las empresas. Están preocupadas por las consecuencias para sus negocios que puede tener una secesión de Cataluña, aunque la siguen viendo "hipotética", han explicado a elEconomista fuentes empresariales y jurídicas. Las multinacionales preparan planes de contingencia por si llega la independencia.
De todas formas, ante los desafíos de los rupturistas, desoyendo advertencias y prohibiciones de la justicia desde hace meses, las compañías con negocios en Cataluña, con más o menos antelación según su tamaño y sector de actividad, han ido tomando posiciones para estar preparadas ante un escenario que tras los acontecimientos más recientes ven "improbable pero no imposible".
Todas las grandes empresas catalanas y las multinacionales instaladas en territorio catalán cuentan con un 'plan B', pero también se han tomado medidas entre las pymes. El objetivo es combatir los efectos negativos que comportaría la separación de España y evitar la debacle que supondría dejar de estar bajo el paraguas de la Unión Europea, lo que los responsables comunitarios se ocuparon la semana pasada de dejar claro que pasaría en caso de independencia.
De todas formas, las gestiones de los planes de contingencia se llevan con discreción extrema, dado que cualquier señal a ojos de la luz pública puede perjudicar a sus negocios. En una sociedad cada vez más polarizada entre los partidarios y los detractores de la independencia de Cataluña, cualquier gesto empresarial puede ser interpretado como negativo por una de las partes y lastrar la facturación. Y los empresarios catalanes, tradicionalmente reacios a hablar de sus negocios incluso cuando les van bien, no están dispuestos a correr ese riesgo, por lo que se impone el silencio.
Cambio de sede
El cambio de sede social es una de las primeras actuaciones previstas por las compañías que bajo ningún concepto quieren dejar de pertenecer a la UE. Es más un trámite legal que un traslado físico de la actividad, y se puede ejecutar en horas.
La mayoría de compañías catalanas cuentan con instalaciones fuera de territorio catalán a las que poder trasladar el domicilio social, y los abogados especializados en Derecho empresarial pueden crear rápidamente una sociedad en otro lugar con este propósito. Ante esta posibilidad, economistas independentistas ya han advertido de que, en un eventual Estado catalán, las sociedades con negocios en Cataluña estarían obligadas a tener una sede local, pero ello no impide tener otras sedes. Lo que sí podría pasar es que algunos negocios se convirtiesen en filiales en su propia tierra a cambio de preservar su seguridad jurídica y las ventajas de formar parte de un Estado miembro. También se pueden multiplicar las escisiones de empresas, entre que hasta ahora estaban centralizadas en Cataluña pero que se vean abocadas a deslocalizar una parte de su actividad.
Ahorros como reserva
Un escenario de independencia unilateral llevaría asociado un riesgo de tensiones financieras que podría condicionar la concesión de crédito, según las hipótesis que contemplan los empresarios, por lo que han apostado por ahorrar para tener una "reserva" con la que operar en caso de que se diesen restricciones de financiación.
Cláusulas contractuales
Las empresas también han previsto protegerse a través de las cláusulas que incluyen a la hora de firmar contratos de negocios. En muchos acuerdos se incorpora habitualmente que se rigen por el Derecho español -de hecho, el Derecho catalán actual se limita al Código Civil-, lo que serviría a las empresas firmantes para evitar incertidumbres en caso de independencia unilateral.
También existen cláusulas para rescindir el contrato por causas de fuerza mayor, que se entienden como no previsibles o, siendo previsibles, no evitables. Así, en caso de problemas para dar cumplimiento al contrato por los efectos de la declaración de la independencia, quedaría sin efecto.
Pago de impuestos
Uno de los temores del sector económico es quedar entre dos frentes respecto a qué administración deben pagar los impuestos si la Agencia Tributaria de Cataluña se autoerige como autoridad fiscal. En este caso, la solución es pragmática: el Estado tiene mayor poder coercitivo, por lo que prevén pagar a la Hacienda estatal.
Entre los argumentos para cumplir las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria española está que tiene un marco legal más sólido y aceptado por el ordenamiento jurídico nacional y europeo. Además, el Ministerio de Hacienda ya ha advertido sobre sanciones y responsabilidades penales en caso de no pagar los impuestos al Estado.
Diálogo político
Todas estas medidas forman parte del 'plan B' empresarial, pero no renuncian al 'plan A' aunque el referéndum ilegal del 1 de octubre sea inminente. Insisten en el diálogo político para encauzar el descontento de parte de la sociedad catalana.
Las patronales catalanas y estatales lo reclaman desde hace años, pero también las entidades que agrupan a intereses extranjeros aquí.
El viernes, el Círculo de Directivos de Habla Alemana, con sede en Barcelona y que agrupa a más de 200 socios, emitió una declaración en la que reclamaba a "todos los partidos" que busquen un camino dentro de la Constitución y las leyes para solucionar lo que calificó de "conflicto permanente".
Su petición era clara: "El Gobierno de España, y el Govern de Cataluña tienen que sentarse en una mesa, hablar y negociar. No caben decisiones unilaterales. Exigimos un pacto para solucionar un grave problema que pueda dañar enormemente a nuestras empresas", señalaba este grupo de empresarios.
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