El Gobierno se vio ayer obligado a llegar más lejos que nunca con una autonomía. En un acuerdo sin precedentes, el Consejo de Ministros dejó a la Generalitat sin competencias sobre su gasto con el objetivo de garantizar que no se dedica un solo euro al referéndum del 1-O. Todo ello tras negarse Oriol Junqueras, vicepresidente catalán, a facilitar información semanal sobre los movimientos de dinero de su Ejecutivo. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, toma ya el control financiero de los servicios públicos esenciales (sanidad y educación) y da 48 horas a Carles Puigdemont para que apruebe un Acuerdo de No Disponibilidad del resto de partidas de gasto.
El paquete de medidas se aplica, afirmó Montoro, por la "excepcionalidad" de que un Gobierno autonómico esté apostando por saltarse la ley. En ese sentido, su vigencia caducará únicamente cuando el Govern vuelva a la senda de la legalidad, algo que no parece previsible antes del 1-O.
Respecto al contenido, la medida más llamativa es la que hace referencia al ultimatum de 48 horas que Montoro da al presidente catalán, Carles Puigdemont, para aprobar acuerdos de no disponibilidad sobre todos los fondos que a día de hoy no sirven para financiar servicios públicos. Si en esos dos días -se entiende que el plazo caduca el lunes por la mañana, pues el BOE publicará la orden hoy sábado- Puigdemont no obedece, entonces será "el propio ministro de Hacienda" quien apruebe la no disponibilidad del dinero. Tanto en un caso como en otro, será el Estado quien proceda a efectuar los desembolsos.
Al margen, y en lo que supone una intervención de facto, el Consejo de Ministros otorga a Hacienda la facultad de financiar los servicios públicos catalanes sin intervención de la Generalitat, algo que nunca ha sucedido en democracia. "Asumiremos algunas nóminas de funcionarios, sí", señaló el ministro. ¿Cómo será el proceso? Los interventores de la Generalitat -y no Junqueras, como hasta ahora- tendrán que enviar la información firmada sobre los compromisos de pago pendientes para que el Estado los asuma, y acompañar esa documentación con un certificado "que deje claro que no se están financiando otras partidas". Hoy por hoy, la financiación autonómica deja en las arcas catalanas unos 1.400 millones al mes para financiar estos servicios.
Hasta ahora, y según desveló el propio Montoro, no hay constancia de que el Govern haya dedicado un solo euro a la financiación del referéndum, pero la desconfianza es máxima. "¿Para qué, si no, el señor Junqueras, anuncia ahora que no nos va a remitir la información semanal?", manifestó el titular de Hacienda.
Pero el Gobierno no se queda ahí, y obligará a la Generalitat a pedir autorización incluso para endeudarse a corto plazo, algo para lo que no necesitaban permiso (el resto solo tienen que solicitarlo para operaciones a medio y largo plazo).
Por último, y como ya venía sucediendo, el Ministerio seguirá controlando el pago a proveedores, que podrán presentar las facturas pendientes a través del sistema electrónico habilitado por Hacienda y conocido como FACE.
El único ámbito en el que Puigdemont va a mantener su soberanía es en el de los tributos cedidos. Montoro, partidario de no encender más incendios de los necesarios y actuar solo sobre hechos consumados, reconoció que no se ha querido llegar hasta ese punto. "No nos pongamos ya en el siguiente escenario", manifestó.
Aun así, el Gobierno se ha guardado un as en la manga por si parte de esa cantidad (que Montoro cifró en 250 millones de euros al mes) es utilizada para financiar algo ilegal. Por acuerdo también del Consejo de Ministros, se va a enviar a las entidades financieras la orden con las medidas aprobadas de ayer para que den parte a la justicia sobre posibles ilegalidades y uso fraudulento del dinero. Hacienda equiparó ese control al que efectúan actualmente sobre el blanqueo.
Intervención en toda regla
Lo que ayer aprobó el Ejecutivo en Consejo de Ministros es una intervención en toda regla de las finanzas catalanas, algo que el titular de Hacienda explicará en el Congreso la próxima semana para intentar arrojar luz sobre una serie de decisiones que nunca se habían adoptado hasta ahora.
El exhaustivo control no deriva, como algunos quisieron señalar ayer, del inicio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución (por el que se pueden quitar competencias a quienes están incumpliendo la ley), sino que sigue al pie de la letra las disposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en su día apoyó el PdeCat bajo las siglas de la extinta CiU.
El Govern, sumergido ya en la campaña por el referéndum, guardó silencio hasta el cierre de esta edición. El vicepresidente Junqueras apareció por la red social Twitter para hacerse eco de los comentarios de Julian Assange, erigido en gran valedor internacional de la causa independentista. El presidente Puigdemont, por su parte, aprovechó para difundir una carta de diputados daneses para exigir a Moncloa diálogo con la Generalitat.