La ausencia de nuevo Gobierno está cerrando el grifo de la financiación a nivel regional. Con el inquilino de La Moncloa en funciones, las comunidades autónomas no han podido recibir aún la autorización necesaria para endeudarse este año por el nuevo objetivo de déficit del 0,7%. En la práctica esto supone que cuentan con menos dinero en caja y les obligará a ajustarse más el cinturón y a recurrir, incluso, a los mecanismos de liquidez puestos en marcha por Hacienda, en caso de no haberlo hecho ya. Estos programas llevan aparejada una mayor fiscalización de sus cuentas por parte del Estado.

Los mercados empiezan a presionar a Portugal para que ponga el acelerador de las reformas, ante los síntomas evidentes de debilidad que aprecian en su economía. La agencia de calificación DBRS, la única que mantiene el rating luso en grado de inversión (con una nota de 'BBB', a un escalón del bono basura), insta al Gobierno tripartito de izquierdas a que apruebe nuevas medidas para reconducir el déficit, tal y como le reclama también Bruselas. Si DBRS rebaja la nota de Portugal en su próxima revisión, dejaría al país fuera del programa de compra de deuda soberana del Banco Central Europeo (BCE).

Las pymes españolas no lo tienen fácil, en general, a la hora de dedicar una parte de sus recursos a la innovación. Sin embargo, también existe un cierto déficit de cultura empresarial en este sentido.

Pedro Sánchez vuelve a la casilla de salida. La presión política y, con ella, la mediática, recaen una vez más sobre el líder de la oposición a quien, en esta historia interminable de acuerdos y desacuerdos, parece haberle tocado el papel de príncipe destronado haga lo que haga.

El Consejo Europeo da por cerrado, definitivamente, el proceso de multa abierto a España por incumplir el objetivo de déficit de 2015. Las autoridades comunitarias adoptan la misma decisión en el caso de Portugal. Esta decisión no impide, sin embargo, que las sanciones puedan reactivarse si nuestro país no aprueba los Presupuestos del año que viene antes del 15 de octubre e incluye en ellos medidas efectivas con las que adecuar su agujero fiscal a la nueva senda pactada. Esto obliga en la práctica a nuestro país a poner en marcha un ajuste de 15.000 millones de euros.