El Consejo Europeo da por cerrado, definitivamente, el proceso de multa abierto a España por incumplir el objetivo de déficit de 2015. Las autoridades comunitarias adoptan la misma decisión en el caso de Portugal. Esta decisión no impide, sin embargo, que las sanciones puedan reactivarse si nuestro país no aprueba los Presupuestos del año que viene antes del 15 de octubre e incluye en ellos medidas efectivas con las que adecuar su agujero fiscal a la nueva senda pactada. Esto obliga en la práctica a nuestro país a poner en marcha un ajuste de 15.000 millones de euros.
El pasado 12 de julio, la Comisión Europea determinó que España y Portugal no habían adoptado medidas eficaces para corregir su desequilibrio, lo que obligaba jurídicamente al organismo a proponer una multa para estos dos Estados que podía alcanzar, incluso, el 0,2% de su PIB.
Después, el día 27 del mismo mes, las autoridades comunitarias formulaban una serie de recomendaciones a ambos países y establecían una nueva senda de ajuste. Asimismo, recomendaban al Consejo Europeo anular la multa a los dos gobiernos, al entender que el entorno económico es muy complejo y que tanto España como Portugal han hecho esfuerzos de reforma y tienen un compromiso evidente con el Pacto de Estabilidad.
Pese a que esto no obligaba al Consejo a suprimir la sanción económica, finalmente ayer decidió hacerlo. Ahora, España deberá situar su déficit en el 4,6% este año, en el 3,1% en 2017 y en el 2,2% en 2018. Madrid y Lisboa deberán estar preparados para adoptar más medidas si fuera necesario.
