La falta de Gobierno mantiene en vilo a las comunidades autónomas. Al hecho de que carecen de autorización para endeudarse por el nuevo tope de déficit del 0,7% -lo que hace que cuenten con menos dinero en caja-, se suma la imposibilidad de aprobar sus cuentas del año que viene. Con el Ejecutivo Central en funciones y los Presupuestos del Estado de 2017 en barbecho, las autonomías desconocen dos datos imprescindibles para elaborarlas: las entregas a cuenta y la liquidación de 2015. De prolongarse el actual desgobierno, las regiones se verán abocadas a prorrogar sus cuentas.
Éste es un escenario que poco o nada conviene a nuestro país, teniendo en cuenta que los gobiernos territoriales gestionan más del 34% del gasto y que Bruselas mantiene una estrecha vigilancia sobre España a raíz de los incumplimientos reiterados del límite de déficit.
Andalucía hizo saltar la alarma las últimas semanas. Su consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, aseguró que la Junta pedirá "con urgencia" una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera si a inicios de septiembre el Gobierno central no comunica la cifra de las entregas a cuenta y el dato de la liquidación de 2015. Dos cifras "esenciales" para poder elaborar el Presupuesto de 2017, sobre el que la Consejería sólo maneja "borradores internos", que no ha podido dar a conocer ni tan siquiera a Ciudadanos, su socio en el Gobierno.
Seguirán el procedimiento
El mensaje oficial que viene manejando Hacienda a lo largo de las últimas semanas es que el Ministerio no puede ofrecer un cálculo de las entregas a cuenta sin haber aprobado aún los Presupuestos Generales del Estado. Del mismo modo, en el Departamento inciden en que no es posible alterar el orden establecido en este punto: primero tiene que celebrarse la investidura, después debe formarse el nuevo Ejecutivo y éste tendrá que aprobar las cuentas del año que viene. Solo entonces podrá conocerse el techo de gasto.
Sin embargo, algunas fuentes consultadas aseguran que el Gobierno en funciones ya habría facilitado esos datos a Ciudadanos y a Coalición Canaria, en el marco de las negociaciones para lograr el voto de ambos partidos en el debate de investidura.
Desde el ámbito autonómico hay quienes ponen como ejemplo lo sucedido en 2011. El entonces Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero adelantó las elecciones a finales de año y, pese a que no aprobó las cuentas para 2012, sí facilitó a las autonomías la liquidación de 2010 y el techo de gasto.
Acostumbrados al desgobierno
A pesar de que el paso de los meses parece haber acostumbrado al país a la falta de un gobierno con plenas capacidades ejecutivas, lo cierto es que las cosas no son para tomarlas a beneficio de inventario. Es la opinión que manifiesta Luis Caramés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, quien no solo recuerda los compromisos adquiridos con la Unión Europea, sino también, y de forma muy relevante, "las disfunciones que sobrevienen en un Estado cuasi federal como el nuestro, en el que un porcentaje relevante de gasto público es gestionado por los gobiernos subcentrales".
Caramés incide en que las transferencias corrientes y de capital en juego no son cosa baladí ni mucho menos, hasta el punto que la no aprobación de las cuentas supondría un perjuicio importante. En la actual coyuntura política ve muy probable que los Presupuestos acaben prorrogándose, "lo que es un mal menor, pero una mala noticia en la coyuntura económica en la que nos encontramos, pues acabará afectando a las políticas públicas tanto del gobierno central como de los autonómicos", sentencia.
Por todo lo anterior, los expertos consultados consideran necesario que Montoro convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal que permita a las regiones conocer el cuadro macroeconómico, el techo de gasto y las previsiones sobre entregas a cuenta.
Antes, las comunidades autónomas tienen una tarea importante por delante, dado que deben reducir su desequilibrio este año al 0,7% de su PIB. Esto implica que deberán situarlo casi un punto por debajo del 1,6% con el que cerraron 2015. En principio, la consecución de esta meta será este año más sencilla, dado que Hacienda ya les otorgó para este ejercicio una financiación adicional de 7.400 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar los 2.500 millones que se ahorran en el abono de intereses por haberse adherido a los mecanismos de liquidez puestos en marcha por el Estado.
