La ausencia de nuevo Gobierno está cerrando el grifo de la financiación a nivel regional. Con el inquilino de La Moncloa en funciones, las comunidades autónomas no han podido recibir aún la autorización necesaria para endeudarse este año por el nuevo objetivo de déficit del 0,7%. En la práctica esto supone que cuentan con menos dinero en caja y les obligará a ajustarse más el cinturón y a recurrir, incluso, a los mecanismos de liquidez puestos en marcha por Hacienda, en caso de no haberlo hecho ya. Estos programas llevan aparejada una mayor fiscalización de sus cuentas por parte del Estado.
Resulta paradójico que sea la ausencia de un Ejecutivo la que meta más presión, en este momento, a las autonomías para reducir los desequilibrios en sus cuentas. Antes de las elecciones del pasado 26 de junio, tanto el Consejo de Ministros, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) habían dado luz verde a los gobiernos territoriales para que emitiesen deuda por el 0,3% de su PIB (ya fuera en los mercados y por sus propios medios, o a través de los mecanismos de liquidez y tuteladas por el Estado).
Ese 0,3% era, en un primer momento, el objetivo de déficit fijado para este ejercicio. Con la nueva senda pactada por Bruselas, el Gobierno central flexibiliza el tope autonómico del 0,3% al 0,7%. Sin embargo, las comunidades autónomas solo pueden endeudarse por menos de la mitad de ese margen, lo que implica que van a tener que hacer el mismo esfuerzo de contención que si el Ejecutivo no hubiera compartido el mayor oxígeno otorgado por las autoridades comunitarias.
De hecho, al contar con menos liquidez las Comunidades tienen poco margen de maniobra, de forma que: o bien, aprueban nuevas medidas para ahorrar más de lo previsto; o bien optan por adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) -si aún no lo están-, y pasan a someterse a una supervisión más estricta por parte del Ministerio.
Advertencias a seis regiones
Entre finales de julio y comienzos de agosto, Hacienda envió cartas a seis comunidades autónomas en el marco de los controles que implica el seguimiento de la Ley de Estabilidad. Eran tres tipos de misivas firmadas, todas ellas, por el secretario de Estado de Administraciones Públicas en funciones, Antonio Beteta.
El número dos del Departamento remitió un primer grupo de escritos con advertencias a Cataluña, Aragón y Andalucía. Las tres muestran un riesgo elevado de incumplir el objetivo de estabilidad este año. En el caso de Cataluña, Hacienda teme que la previsión de ingresos por Sucesiones y Donaciones que da la Generalitat sea demasiado optimista. Por el lado de los gastos, observa "con preocupación" cómo evoluciona el desembolso en personal y, sobre todo, el gasto sanitario. Por ello, el Ministerio insta al Ejecutivo de Carles Puigdemont a que le envíe, antes del próximo 5 de septiembre, la relación de medidas adicionales que piensa adoptar para corregir esta desviación.
En términos parecidos se expresa Beteta en el documento enviado a Aragón, a la que fija el mismo plazo para comunicar las nuevas medidas. En su caso, pone en duda que pueda cumplir el cálculo de ingresos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y ve con preocupación la marcha del gasto corriente.
La situación del ejecutivo aragonés es, si cabe, más delicada, en tanto que Hacienda tuvo que intervenir este año a la autonomía por pagar con retraso a sus proveedores. Su Gobierno abona tarde sus facturas de forma sistemática y pese a las numerosas advertencias previas.
Mientras, la carta enviada a Andalucía pone énfasis en que faltan detalles sobre la regla de gasto en su plan Económico-Financiero (que está obligada a presentar por haberse adherido al FLA). En cualquier caso y con los datos disponibles hasta mayo, el gasto andaluz crece al 5,4%, cuando la ley obliga a que este año su avance no supere el 1,8% (este nivel es la tasa de referencia de avance del PIB español a medio plazo).
Otro grupo de cartas va dirigido a Asturias y Baleares, de las que se requiere también información adicional sobre sus planes de reequilibrio. Se les reclaman, entre otras cosas, las "líneas fundamentales de la orden de cierre del ejercicio 2016 prevista", con los plazos límite que fijarán para asumir compromisos de gasto adicionales. En este sentido, Beteta pone como ejemplo al Estado, que además de aprobar una no disponibilidad de crédito de 2.000 millones de euros, adelantó al mes de julio el cierre del presupuesto de gastos y de las operaciones que no estuvieran ya contempladas en las cuentas regionales.
Por último, Hacienda se pone en contacto con Madrid para comunicarle que en 2015 no se ciñó a la regla de gasto fijada. Incurrió en pagos por valor de 17.173 millones, con un alza del 3,7% en relación al año previo, y sólo podía aumentar el gasto un 1,3%. Por ello, le da un mes de plazo para que remita un plan económico-financiero.
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