Después de ocho meses de incertidumbre política y ausencia de reformas, la economía española resiste, aunque algunos indicadores ya dan ciertas muestras de ralentización, como el PIB, que en el segundo trimestre de 2016 registró el avance más suave en año y medio.
Una desaceleración que, sin embargo, todavía se puede revertir gracias a la inercia positiva y la buena salud de la demanda interna, siempre y cuando el país tenga un Gobierno que apruebe a tiempo los Presupuestos del próximo año y lleve a cabo reformas estructurales que atajen los desequilibrios de la economía española. En ese caso, los expertos estiman que el país podría crecer en el entorno del 3% en el próximo ejercicio. Un avance siete décimas por encima de las previsiones, que aventuran un crecimiento del 2,3% para 2017, según el último cuadro macro aprobado por el Consejo de Ministros hace menos de un mes, y que rebajó una décima el pronóstico oficial.
Si, por el contrario, el Estado se mantiene con un Gobierno en funciones y hay que convocar unas terceras elecciones generales, no sólo perderemos ese potencial coste de oportunidad, sino que se abrirá un escenario incierto que reducirá el avance del PIB por debajo de las expectativas oficiales y ralentizará la creación de empleo. En ese sentido, el economista del IEB, Javier Santacruz, advierte que unas terceras elecciones tendrían un coste "enormemente alto".
Certidumbre para el inversor
Nuestro país, apunta este experto, necesita inversión extranjera, que a su vez precisa de certidumbre económica, algo que, hoy por hoy, no tenemos. La incógnita sobre cuál será el próximo marco fiscal, qué leyes se mantendrán y cuáles se modificarán, mantiene paralizada la inversión, algo que se traduce en menos empleo y crecimiento, explica Santacruz.
Si en estos momentos la economía crea medio millón de puestos de trabajo al año, ese ritmo podría caer hasta el entorno de los 350.000-400.000 empleos anuales. Respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, que ahora se anotan un crecimiento de alrededor del 3%, podrían caer medio punto, hasta el 2,5%, si se prolonga la etapa de desgobierno hasta diciembre. La caída de las cotizaciones, responsables de más de tres cuartas partes de los ingresos de la Seguridad Social, está íntimamente relacionado con la problemática de las pensiones, que abordaremos más adelante.
Y es que en ese caso España sumará más de un año sin reformas económicas orgánicas. En concreto, desde el 29 de octubre del pasado año, cuando el Congreso tramitó la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y un día después aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
¿Qué necesitamos?
La primera condición para evitar la desaceleración y mantener el crecimiento en el 3% es tener, por fin, un Gobierno. Pero eso, por sí sólo, no es suficiente, advierten los expertos. "Es imprescindible que el futuro Ejecutivo presente ante Europa unos Presupuestos que se comprometan con los objetivos de déficit y un plan de reformas estructurales", señala el profesor y coordinador del Departamento de Investigación de IEB, Miguel Ángel Bernal.
El plazo para presentar esas Cuentas es el próximo 30 de septiembre. Quince días más tarde llegará la fecha crucial: el 15 de octubre el Gobierno tendría que entregar a Bruselas un plan presupuestario que se ciña a las metas de déficit de 2017. Un ajuste que pasa por incrementar los ingresos, algo en lo que ya trabajan en Hacienda, aunque el escenario político siga bloqueado.
Y ese será, sin duda, uno de los grandes asuntos sobre la mesa negociadora que se abrió ayer entre el PP y Ciudadanos, de cara a conseguir el apoyo de los 32 diputados naranjas en la segunda votación de investidura del próximo 2 de septiembre: cómo cuadrar las cuentas para cumplir con el déficit.
Pese a que el Plan de Estabilidad remitido en abril a Bruselas cifraba un objetivo del 3,6%, ahora mismo se duda incluso de que se pueda alcanzar la nueva meta fijada por Bruselas en el 4,6%. Aun así, sería necesario un ajuste de 15.000 millones de euros para situarlo en el 3,1% al cierre de 2017.
Ajuste de 15.000 millones
¿De dónde sacar esa cantidad? Una parte podría lograrse gracias a los mayores ingresos que proporciona una economía en vías de recuperación, pero no sería suficiente.
Según han apuntado fuentes del PP y C?s, hay cierto consenso en cargar el arreglo de la cuentas públicas a una modificación del impuesto de Sociedades. Ciudadanos ha llamado la atención sobre la ineficacia de dicho impuesto, cuya recaudación se ha hundido en los últimos años. Modificar este tributo, por ejemplo suprimiendo las deducciones, permitiría recaudar un mínimo de 4.500 millones más, según calcula C?s. Se trata, en todo caso, de una de las reformas ineludibles del nuevo Gobierno, que tendrá que afrontar una reforma fiscal orientada a elevar la recaudación para salir del callejón del déficit.
No será el único reto en el medio plazo. Otro de los grandes problemas sin resolver es la reforma del sistema de pensiones. En un país que envejece a pasos agigantados con un déficit latente de 15.000 millones, y una de las mayores tasas de paro de la zona euro, urge la búsqueda de fuentes de financiación alternativas.
Otro de los grandes retos de la economía doméstica es reducir la tasa de paro, que se situó en el 20% en el segundo trimestre del año, o lo que es lo mismo, 4,57 millones de parados. Para atajar el elevado desempleo, que amenaza con volverse estructural, y mejorar los ingresos públicos, los expertos coinciden en la necesidad de modificar el mercado laboral, introduciendo más flexibilidad y corrigiendo la elevada temporalidad. En ese punto, el economista Santacruz añade un matiz importante. La buena evolución del empleo de los últimos meses descansa en parte en las bajas cotizaciones, que animan a las empresas a contratar. ?Si los cambios siguen la línea de suprimir las bonificaciones podrían frenarse las contrataciones?, advierte.
Meter en cintura la deuda de las Administraciones Públicas, que ya toca el 100,9% del PIB frente al 99,1% comprometido con Bruselas, la reforma de la financiación autonómica y un pacto nacional por la educación completa la agenda de las tareas que siguen pendientes.
