El registro de la Ley de Amnistía en el Congreso está muy lejos de significar que Carles Puigdemont tenga las puertas abiertas para regresar a España de modo inminente, sin riesgo de ser detenido. Muy al contrario, existe unanimidad entre los juristas consultados por elEconomista.es sobre la carrera de obstáculos (sobre todo en el Senado, cuyo reglamento ya ha reformado el PP) que afrontará el texto legal antes de llegar al BOE.
Los acuerdos de investidura que el PSOE firmó con ERC y Junts carecen de la más elemental memoria económica y evitan así poner cifras a lo que constituye, según los expertos consultados por elEconomista.es, una auténtica bomba de relojería financiera para las Administraciones españolas.
El pacto de investidura de PSOE y Junts, firmado hoy tras semanas de tiras y aflojas, no solo es revolucionario desde el punto de vista político, al cerrar un acuerdo sobre la futura ley de amnistía y prever una negociación sobre un futuro referéndum de autodeterminación. En el ámbito económico, abre la puerta a que Cataluña acceda además a otro tipo de autodeterminación, en este caso de carácter tributario de facto. Así ocurriría mediante la implantación en esa autonomía (ahora sometida al llamado régimen de financiación común) de un modelo muy semejante al propio de los territorios forales: País Vasco y Navarra.
La falta de productividad del mercado laboral de España con respecto a sus comparables de la eurozona es un problema de más de dos décadas de antigüedad, condenado a agravarse en caso de que se generalice la jornada semanal de 37,5 horas, como acordaron esta semana PSOE y Sumar.
Como a muchos españoles, me resulta inevitable ponerme en guardia y adoptar una postura recelosa cada vez que se anuncia un próximo cambio de carácter fiscal. Se trata de una reacción atávica que creo que se fundamenta en el cinismo subyacente con el que todos los que hablamos castellano abordamos este tema.
Esta semana, la ampliación del Plan de Recuperación que el Gobierno presentó a Bruselas (la llamada adenda) obtuvo el aprobado de la Comisión sin que el apartado dedicado a los futuros cambios fiscales a los que el Gobierno se compromete haya variado ni en una coma. Sigue así en pie el plan de someter a una "revisión exhaustiva los beneficios fiscales" existentes en impuestos como el IRPF.
La actualización del Plan de Recuperación que el Gobierno presentó a Bruselas a inicios del pasado verano (la llamada adenda) aborda muchos más aspectos que el futuro de los peajes en las autopistas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez muestra ante la UE una línea de actuación de mayor alcance, aunque no defina plazos y se resista a dar detalles, con respecto a futuros cambios en los impuestos.
La incógnita sobre quién daría la réplica, en nombre del PSOE, a Alberto Núñez Feijóo en su debate de investidura (una vez que Pedro Sánchez se autodescartó) se resolvió de un modo sorprendente para muchos. El elegido fue el diputado y exalcalde Valladolid, Óscar Puente, en detrimento de otros candidatos con más peso institucional, como el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.
El pacto entre el PSOE y Junts para aprobar una ley de amnistía, que beneficie a los encausados por el referéndum del 1-O, está hecho. Pero hay un matiz importante. Fuentes conocedoras de esos encuentros afirman a elEconomista.es que los socialistas ya han dejado claro al partido de Carles Puigdemont que, aun cuando están dispuestos a firmar el acuerdo, la nueva norma no estará lista antes de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
La plena vigencia que conserva la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tal y como quedó redactada en 2012, no solo permitirá al Senado, con mayoría absoluta del PP, vetar las propuestas sobre el techo de gasto público no financiero para 2024 que le presente un futuro Gobierno formado por PSOE y Sumar.