Los acuerdos de investidura que el PSOE firmó con ERC y Junts carecen de la más elemental memoria económica y evitan así poner cifras a lo que constituye, según los expertos consultados por elEconomista.es, una auténtica bomba de relojería financiera para las Administraciones españolas.
En concreto, los analistas ya se alarman ante un coste de, como mínimo, 42.500 millones de euros, capaz de elevar el conjunto de la deuda pública en tres puntos de PIB y el déficit en una cuantía semejante (aunque más difícil de estimar en este último caso).
Como era previsible, el grueso de ese impacto proviene, por un lado, del desmantelamiento del sistema de financiación de régimen común (pactado esta semana con Junts) y, por otro, de la quita del pasivo contraído por Cataluña con el FLA y otros mecanismos de financiación semejantes puestos en marcha por el Estado (lograda por Esquerra).
En el primer caso, la posibilidad de ceder toda la recaudación tributaria a la Generalitat deja en el aire cerca de 20.000 millones (el 50% de los tributos ahora recaudados en ese territorio). No en vano el documento firmado por el partido de Carles Puigdemont y los socialistas no define qué compensación recibiría el Estado por los servicios que presta en Cataluña. En otras palabras, está todo por aclarar en cuanto a cómo se articularía, para el caso catalán, una especie de cupo al estilo de aquél al que ya se sujeta el País Vasco.
Pero la autodeterminación fiscal catalana que se abre paso no se detiene ahí. También debe considerarse su impacto en lo que concierne a los aproximadamente 7.000 millones que el Govern aporta (en promedio) a los mecanismos de solidaridad con el resto de las autonomías que ahora prevé el actual sistema de financiación de las regiones. Esa aportación no obstante se redujo mucho en los años recientes.
