Madrid
La cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, tal y como propone Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente, hará peligrar el sistema de financiación estatal. Según los expertos consultados, el traspaso del 100% de los impuestos amenaza los ingresos públicos a nivel estatal para financiar las políticas públicas, un problema que solo se podría solucionar asumiendo grandes recortes en otras CCAA como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha.
Según los mismos, el traspaso del 100% de los impuestos haría peligrar los ingresos públicos a nivel estatal para financiar las políticas públicas, un problema que solo se podría solucionar asumiendo grandes recortes en otras CCAA.
No obstante, la falta de concreción del pacto de investidura firmado este jueves entre PSOE y Junts agudiza las dudas de economistas y expertos en el ámbito tributario consultados sobre si el acuerdo supone el traspaso de la gestión de todos los impuestos a Cataluña o de la cesión por parte del Estado a la región de los ingresos proporcionales correspondiente a lo pagado por los contribuyentes catalanes.
Con esta incertidumbre sobre la mesa, los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han sido cautos en el comunicado emitido este jueves para manifestar su rechazo "frontal y absoluto" a los acuerdos que se derivan de la negociación para una futura investidura del actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez. A su juicio, en este pacto "se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera".
Los inspectores ya alertaron hace escasamente dos semanas, durante su XXXIII Congreso Anual celebrado en Burgos, de la cesión de impuestos a Cataluña fraccionará la Agencia Tributaria, supondrá un handicap en la lucha contra el fraude fiscal, pondrá en jaque la eficiencia en la gestión del sistema tributario y conllevará un gran riesgo en la gestión de las retenciones. "El fraccionamiento de la AEAT supondría un paso atrás de gigante en su función principal de aplicar el sistema tributario y la conculcación de los principios tributarios fundamentales sobre los cuales se asienta el actual sistema tributario español, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributarias", advirtieron los Inspectores de Hacienda.
A su juicio, la creación de una Administración Tributaria fraccionada conlleva el traspaso de determinadas líneas rojas que ponen en un brete a la eficiencia en la gestión del sistema tributario, pudiendo generar desigualdades en su aplicación fruto de una ineficiente gestión. Así, resultaría afectado el sistema de información tributaria, que ha de ser único para todo el territorio a fin de garantizar su aplicación, ya que la lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible, que permita analizar los riesgos fiscales en los que incurre un contribuyente y su ámbito de intereses.
"Por otra parte, la necesidad de un sistema de caja única también se vería afectada. La gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados se deberían llevar a cabo por la AEAT, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que se ceda a cada CCAA", añaden los Inspectores.
Finalmente, aseguran, lo anterior conllevaría un gran riesgo en la gestión de las retenciones, que deben de realizarse de forma integrada por la AEAT, así como para el sistema de control de las actividades económicas, que debe ser de carácter integrado. "Esta transformación sería de muy difícil reversión y provocaría situaciones de desigualdad, desintegradoras para la ciudadanía española, afectando al deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos", denuncian.
Blindaje contra otras CCAA
Por otro lado, el acuerdo de PSOE y Junts apunta a cerrar la posibilidad de que otras CCAA sigan los pasos de Cataluña y reivindiquen una mayor autonomía financiera al explicitar que en la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) se establezca una cláusula de "excepción" de Cataluña.