Madrid
El cambio de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), tal y como lo propone Junts para apoyar la investidura como presidente de Pedro Sánchez, plantea un conflicto con la Constitución Española, según apuntan a este diario los expertos consultados al respecto. Junts propone cambiar la ley para establecer "una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña".
El inspector de Hacienda, Francisco de la Torre, señala que atendiendo a la propuesta que defiende Junts, es dudoso que el cambio de la LOFCA tenga encaje constitucional ya que se estaría copiando el sistema de financiación que tienen el País Vasco y Navarra a través del Concierto Económico, pero éste está amparado por la disposición adicional primera de la Constitución Española, y la reforma que persigue Junts, no. La Carta Magna "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales". Además, indica que "la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía".
Por su parte, los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) advierten que la exigencia de la cesión de los tributos podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la Agencia Tributaria en Cataluña. "Esta situación implica, sin lugar a dudas, la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución, permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna", alertan.
Así, aunque la reforma de la LOFCA salga adelante, los expertos apuntan a que podrá impugnarse ante el Tribunal Constitucional. En la actualidad, la composición de la Corte de Garantías es de mayoría progresista con siete magistrados, frente a cuatro conservadores.
Trámites para su modificación
La LOFCA forma parte del bloque de constitucionalidad, un conjunto normativo que distribuye territorialmente el poder entre las instancias centrales y las territoriales. Su modificación puede hacerse a través de un proyecto de ley, planteado por el Gobierno, o por una proposición de ley, planteada por los grupos parlamentarios, pero no puede presentarse como Decreto-Ley.
En ambos casos, la reforma conllevará tiempo para que salga adelante. Si se plantea como proyecto de ley, se necesitan trámites previos a la tramitación parlamentaria como un proceso de información pública para que se hagan aportaciones por cualquier grupo o persona interesada, además del informe del Consejo de Estado y todas las opiniones expertas pertinentes, antes de su aprobación por el Consejo de Ministros como anteproyecto de ley para su remisión a las Cortes.
Una vez pase por el Congreso y el Senado, al final del proceso volverá al Congreso, donde se necesitará mayoría absoluta para sacarlo adelante. Si se tramita como proposición de ley, no necesita los trámites previos, va directamente a las Cámaras con el mismo procedimiento. No obstante, con la reforma del Reglamento del Senado que acaba de presentar el PP para retrasar la Ley de Amnistía y que tiene visos de salir adelante porque el partido tiene mayoría en la Cámara Baja, esto también retrasará su tramitación en el Senado, al menos dos meses, puesto que no sería vinculante la urgencia que decrete el Congreso.