Los inspectores de Hacienda han mostrado hoy su temor de que el Gobierno pueda emplear, como moneda de cambio por los votos de los partidos independentistas catalanes, el fraccionamiento de la Agencia Tributaria para traspasar sus funciones a la Agencia Tributaria Catalana.
"Nos tememos que una moneda de cambio sea la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, lo que tendría efectos devastadores en la gestión de los impuestos", ha señalado José María Peláez, en el acto de presentación del informe 'La profesionalización de la función tributaria en el marco de la necesidad de un estatuto para la Aeat', en el seno del XXXIII Congreso Anual de la IHE.
"La aplicación de este fraccionamiento sobre el sistema tributario y la lucha contra el fraude tendría unos efectos muy perversos en el trabajo que desarrolla la Aeat. La línea roja sería que se fraccionasen las declaraciones del IRPF, porque el sistema se quebraría por completo. Además, la joya de la Aeat, que es la base de datos y su inmensa información, según la experiencia que tenemos con las Haciendas Forales, se perdería, máxime si el resto de las CCAA reclamasen su propia Agencia Tributaria", ha explicado Peláez.
El informe presentado por IHE avisa, junto al peligro de desmembramiento de la Agencia Tributaria, otros dos peligros más que atenazan a esta institución. De una parte, al asalto que se está produciendo a la independencia y la profesionalidad de los funcionarios de la Administración, y de otra, la ausencia de cambios organizativos necesarios en muchos ámbitos de la Aeat.
La Asociación denuncia que los cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos, financieros y tributarios acaecidos en el mundo, y en particular, en nuestro país en los últimos30 años, han sido asombrosos, y, sin embargo, la Aeat en la lucha contra el fraude fiscal continúa con el mismo marco legal y la misma estructura organizativa, sin haberse adaptado suficientemente, con lo que "se corre el riesgo del ensimismamiento y autocomplacencia".
Su presidenta, Ana de la Herrán, ha insistido en que es necesario mantener el nivel de exigencia de formación de los funcionarios de la Agencia en las pruebas de acceso y ha reclamado la aprobación de la Ley de Función Pública, cuyo proyecto ha quedado paralizado con el fin de la pasada legislatura.
No obstante, ha abogado por que se modifique la posibilidad de que el Ejecutivo tenga la prerrogativa de modificar cuerpos de funcionarios, lo que es una de las competencias del Legislativo. También, se ha referido a la situación de los interinos, que no han aprobado la oposición y son contratados para una determinada labor y por un tiempo limitado.
De la Herrán se ha dicho que es necesario reducir su número e impedir que puedan acceder al funcionariado con unas pruebas de acceso muy rebajadas.
Señala el informe de la IHE que la imposición más reciente ha sido la elaboración de listas de interinos en la última convocatoria publicada de la oposición al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado Frente a esta situación, IHE ha acordado recurrir la medida, ya que, de lo contrario, el futuro de nuestra profesión se pondría en entredicho, dando lugar a dos tipos de funcionarios en este ámbito: Unos, que habrían accedido al cuerpo a través del duro proceso selectivo que comprende una fase de oposición y una fase de curso selectivo (en la Escuela de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales) y otro que, por el contrario, habrían accedido al cuerpo sin superar ningún tipo de proceso selectivo, y habiendo sido elegidos de acuerdo a un nombramiento del Estatuto Básico del Empleado Público (Ebep) prevé de manera excepcional y exclusiva para unos casos muy tasados que no están pensados para el ejercicio de una potestad pública tan importante para cualquier estado como es la de la tributaria.
Y finalmente, Antonio Morales, secretario de IHE, se ha referido a la necesidad de que se apruebe el Estatuto de la Aeat para reforzar la autonomía de la Administración Tributaria y dotarla de mayor eficiencia y profesionalidad. Así, por ejemplo, se demanda que al director general lo elija el Parlamento por un periodo de cinco años, que la Aeat controle a sus propios funcionarios,
La IHE argumenta en su informe, que una de las características de la AEAT es la existencia de una bicefalia en sus órganos de dirección, ya que, por un lado, existe un presidente, que es el secretario de Estado de Hacienda, al que le corresponden todas las funciones de dirección más relevantes; y, por otro, figura el director general, quien ostenta funciones de carácter ejecutivo.
En diferentes ocasiones -señala el informe de los inspectores- se han producido sonadas discrepancias de criterio entre ambos cargos, estando influidas las decisiones del primero por circunstancias políticas, ajenas a lo estrictamente técnico y profesional. Dicha situación se produce cuando el nombramiento de cada uno de los puestos se hace por diferentes ramas políticas del partido gobernante, en un obligado reparto de papeles, pero que provoca muchas deficiencias en la actuación de la Aeat.
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