El pacto entre el PSOE y Junts para aprobar una ley de amnistía, que beneficie a los encausados por el referéndum del 1-O, está hecho. Pero hay un matiz importante. Fuentes conocedoras de esos encuentros afirman a elEconomista.es que los socialistas ya han dejado claro al partido de Carles Puigdemont que, aun cuando están dispuestos a firmar el acuerdo, la nueva norma no estará lista antes de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Dicha situación permitirá al revalidado jefe del Ejecutivo, una vez refrendado al frente de Moncloa, tener todo a su favor para jugar con los tiempos según su conveniencia, a la hora de hacer efectiva la amnistía. Se trata de una perspectiva que trastoca los planes iniciales de Junts, cuyos dirigentes querían llegar al debate de investidura de Sánchez con esta concesión plenamente asegurada y tramitada.
Los socialistas sin embargo ponen de manifiesto que ese escenario es ya, desde el punto de vista procedimental, imposible por completo.
No en vano los planes de Sánchez pasan por ser reelegido en el Parlamento como presidente del Gobierno estrechando al máximo los tiempos. Más concretamente, su propósito es que el debate y sus correspondientes votaciones se celebren en la primera quincena de octubre (o en los días 17 y 18) una vez superados tres hitos: la apertura de una nueva consulta de los partidos con el Rey y las celebración de la Cumbre europea de Granada y de los actos del Día de la Hispanidad.
Como resultado, aun cuando la ley de amnistía se empezara a tramitar esta misma semana, quedarían poco más de quince días para superar todos los procedimientos parlamentarios, un escenario por completo inviable.
Ni siquiera un mes de margen
Es cierto que los secesionistas han presionado durante todo el verano al PSOE, asegurando que esta norma podría sacarse adelante como proyecto de ley, recurriendo a un procedimiento de urgencia en las Cámaras mediante lectura única. Existe el precedente muy cercano de la Reforma del Código Penal tramitada en tan solo un mes. Ahora bien, la futura investidura de Sánchez ni siquiera deja esos 30 días de margen.
Ante esta realidad se abre un debate interno de gran calado en Junts. Por un lado, en las filas de este partido, creen que se plantea la oportunidad perfecta para romper la baraja y abocar a la convocatoria de unas nuevas elecciones. Ven en esos comicios la ocasión perfecta para seguir tomando ventaja con respecto a ERC y lograr así alzarse con el liderazgo del secesionismo en Cataluña.
Existe, no obstante, otra facción (a la que, según se rumorea, pertenece el propio expresidente de la Generalitat fugado) que no tiene tan claras las ventajas de esas posibles votaciones en enero de 2024. Por un lado, temen que el cansancio de los ciudadanos los lleve a respaldar mayoritariamente a las dos formaciones de mayor tamaño, de modo que los partidos pequeños, incluidos los nacionalistas de mayor abolengo, se verían barridos.
Existe también el temor a que el resultado vuelva a sorprender, como ocurrió el pasado 23 de julio, pero esta vez en beneficio de la derecha. Resulta obvio que otra victoria del PP, o un avance de Vox, o ambos escenarios, dejaría en dique seco toda propuesta de amnistiar a los responsables de la consulta ilegal que el propio Puigdemont, junto a Oriol Junqueras, orquestó.
Se trataría de un escenario por completo opuesto al que se vivirá esta semana en el Congreso, con el debate de investidura abocado al fracaso de Alberto Núñez Feijóo. El líder popular, no obstante, busca presentarse con un discurso de Gobierno, en el que incluirá propuestas como eximir del pago de impuestos a los nuevos autónomos por un periodo de dos años.
Elevada complejidad
En los cálculos de Junts sobre la rapidez (un mes como máximo) con la que se podría tramitar la ley de amnistía, no entran los importantes obstáculos contra los que podrían estrellarse sus planes. Es cierto que la supresión del delito de sedición salió adelante en 30 días pero entonces el PP no contaba con mayoría absoluta en el Senado.
En su situación actual, los populares, aun cuando no sean capaces de paralizar por completo el proceso, sí podrían demorar su toma en consideración en la Cámara Alta. Por otro lado, una ley de amnistía es una norma de tanto calado que es posible que exigiera también una reforma paralela del Código Penal actualmente vigente. Este último proceso podría exigir un tiempo extra de meses de duración.
