Manutención alimenticia

El Tribunal Supremo establece que un padre no tiene derecho a la devolución de una pensión alimenticia, aunque más tarde se demuestre que no era el padre. Según el Supremo, mientras no se declare judicialmente que el padre no lo es, los alimentos han de considerarse como ajustados a Derecho.

Sentencia del Supremo

Los bancos deben devolver el dinero entregado por las cooperativas para hacer frente a la hipoteca de una vivienda si no llega a entregarse nunca a los propietarios. Ello aunque las cantidades no se hayan abonado en la cuenta que figuraba en el contrato de afianzamiento.

Sentencia del Supremo

Cuando se produce la nulidad en un contrato de multipropiedad de una vivienda turística, la cancelación se extiende al contrato de financiación que los propietarios han suscrito con el banco para poder disfrutar del inmueble. El préstamo debe anularse debido a que los propietarios no han firmado en exclusiva con la entidad financiera, un requisito que establece la Ley de Crédito al Consumo.

Informe de la defensora del pueblo

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, pide una regulación que establezca los supuestos para el acceso a la Justicia gratuita a los españoles que residan en el extranjero. Becerril exige, además, la creación de servicios de orientación y asistencia jurídica en los consulados iberoamericanos para atender a esos ciudadanos. Son las conclusiones del informe que la defensora del pueblo remitió ayer a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo sobre la situación de los presos españoles que se encuentran en el extranjero. El estudio analiza 224 expedientes gestionados por la Institución en los dos últimos años para mejorar la situación de los reclusos.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas (REA-REGA), corporaciones representativas de los auditores, ha monstrado su preocupación ante la posibilidad de que la Comisión Económica del Congreso de los Diputados apruebe el proyecto de Ley de Auditoría el próximo miércoles.

Tribunal Superior de Justicia de Valladolid

Omitir la muerte de uno de los familiares que una persona tiene a su cargo, por los que ha pedido una reducción de jornada, constituye una falta muy grave y puede terminar en despido. Aunque el trabajador no individualice su solicitud en una persona, debe comunicar cualquier cambio en la situación familiar a la hora de exigir sus cambios en el horario.

Normativas de Autónomos y Sociedades Participadas

El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado por 38 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social remitido para su consulta por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El dictamen viene acompañado del voto particular de 17 Consejeros del Grupo Tercero, que considera que la valoración crítica de la fórmula del Anteproyecto para la sustitución de los autónomos económicamente dependientes podría venir acompañada de alguna orientación sobre fórmulas alternativas.

La Mutualidad de la Abogacía ha cerrado sus cuentas de 2014 con un superávit de 27,3 millones de euros. Además, el volumen de las aportaciones ingresadas por la entidad se ha elevado hasta alcanzar los 517,5 millones, frente a los 411,9 millones del año 2013. Esto supone un aumento del 25,63 por ciento respecto al año 2013.

Afecta a la paga de diciembre de dicho año

El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Navarra contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. La norma suprimió la paga extraordinaria de diciembre de 2012 para los funcionarios.

El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Navarra contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. La norma suprimió la paga extraordinaria de diciembre de ese año para los funcionarios.