El pasado 16 de enero, Michael Pompeo, secretario de Estado de EEUU, comunicó al Congreso que suspendía por un período de 45 días a partir del 1 de febrero de 2019) la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permitiría a antiguos propietarios afectados por las nacionalizaciones del Gobierno de Cuba a partir de 1959 reclamar una compensación ante los tribunales de EEUU frente a quienes se beneficien de dichas propiedades.