Desde su implementación hace casi una década, en 2015, la Ley de Desindexación ha sido objeto de numerosos debates y análisis. Esta medida buscaba estabilizar los precios y evitar incrementos que pudieran alimentar una espiral inflacionaria, y así permitir una mayor previsibilidad en los costes, tanto para el sector público como para el privado. Sin embargo, la realidad ha demostrado que los resultados no han sido tan claros ni beneficiosos como se esperaba. Asimismo, los considerandos previos establecidos en dicha Ley han quedado totalmente obsoletos, sirva como referencia indicar que el preámbulo de la misma hacía referencia al II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, ya desfasados.