Como viene siendo costumbre inveterada en España en los últimos años, la Directiva de comercialización —nombre informal que recibe la Directiva 2019/1160, que modifica en materia de comercialización las directivas de gestores de fondos de inversión alternativa (DGFIA) y de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS, por su acrónimo en inglés)—, se acaba de transponer por medio de lo que de lo que podría denominarse informalmente real decreto-ley ómnibus (técnica de la legislación de urgencia en la que el Gobierno regula disciplinas tan abigarradas e inconexas entre sí como los derechos de autor, importaciones y distribución de fondos, cual es el caso del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre).