El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala que el cliente no pueda deducirse, al realizar la amortización anticipada de una hipoteca, costes que no están ligados a la duración del préstamo. En una sentencia fechada a 9 de febrero de 2023, el ponente y magistrado M. Safjan, señala que la Directiva 2014/17 sobre los contratos de crédito no incluye los gastos que, con independencia de la duración de la hipoteca, corran a cargo del consumidor en favor del banco que ya hayan sido ejecutadas íntegramente cuando tenga lugar el reembolso anticipado.

Los expertos en laboral y penal piden al Gobierno más precisión en la nueva redacción del artículo 311 del Código Penal, que se aprobó el 23 de diciembre, que abre penas de entre seis meses y seis años de cárcel para los empresarios, e incluso también para los responsables de los departamentos de Recursos Humanos de las compañías, por imponer condiciones ilegales a los trabajadores mediante la contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo. Este añadido permite que falsos autónomos, y también puede extenderse a falsos becarios con funciones de un trabajador, cooperativas ficticias o socios, por ejemplo de despachos de abogados que en vez de estar vinculados al régimen de la Seguridad Social están como autónomos, puedan demandar por la vía penal al empresario y corra el riesgo de asumir penas de prisión o multas que pueden ir desde los seis meses a los 12 meses.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) determina que un Estado miembro tiene potestad para incluir o excluir un proyecto dentro de la lista de la UE de PIC (Proyectos de Interés Común). En una sentencia fechada a 8 de febrero de 2023, Europa señala que cuando un Estado miembro decide denegar la inclusión de un PIC relativo a su territorio, dicho Estado miembro dispone de una facultad discrecional en la materia que la Comisión Europea no puede cuestionar.

El Servicio de Estudios de UGT ha elaborado un documento sobre el uso del Whatsapp en el ámbito laboral, para determinar sus implicaciones con los derechos fundamentales, su uso como medio de prueba en un juicio y los pronunciamientos judiciales sobre determinadas materias. El sindicato advierte que hay que establecer las funciones y límites del uso de esta aplicación como herramienta de trabajo, para lo que es fundamental la negociación colectiva.