BBVA ha realizado una primera cata de las condiciones impuestas por el Gobierno a la opa en su consejo de administración. Carlos Torres se inclinaría por seguir adelante frente a las reticencias de gran parte de los integrantes del máximo órgano de administración, más favorables a retirar la oferta sobre Banco Sabadell después de que el Ejecutivo haya vetado la fusión para que ambas entidades continúen operando de manera autónoma durante tres años, ampliables a cinco.
A la hora de elaborar su dictamen sobre la transacción entre BBVA y Sabadell, el Gobierno no dio la espalda a las dos entidades protagonistas. La resolución de 25 páginas, firmada por Félix Bolaños como Ministro de la Presidencia, señala que la información de relevancia en el expediente, incluyendo los informes elaborados por los seis ministerios que pidieron la elevación de la operación al Consejo de Ministros, fue remitida tanto al banco vasco como al vallesano, dando así "audiencia a las partes". Ambas entidades presentaron escritos de alegaciones, detalló el documento.
El Gobierno ha vestido con un prolijo armazón legal la resolución sobre la opa a Banco Sabadell para blindarla frente a potenciales recursos por parte del BBVA u otros operadores -inversores, bufetes...- o, incluso, en esfera europea. El documento firmado por el Ministerio de la Presidencia que lidera Félix Bolaños donde glosa y argumenta las medidas impuestas al banco vasco desvela que el Ejecutivo recibió un informe de la Abogacía General del Estado sobre "distintos aspectos relacionados con la intervención del Consejo de Ministros" y "sobre la propuesta de acuerdo", y se apoya en la Constitución, reglamentos de la Unión Europea y jurisprudencia para validar su intervención.
El Gobierno ha fijado condiciones a la opa de BBVA sobre Sabadell, vetando en la práctica la fusión, para evitar una reducción del crédito más allá de las pequeñas y medianas empresas, en empresas industriales estratégicas, small midcaps y startups; y la merma de empleos, incluyendo ahí un menor ingreso vía Seguridad Social. El documento del Ministerio de Félix Bolaños sobre la resolución del Consejo de Ministros enumera hasta cinco motivos de interés general identificados por los diferentes ministerios y revela que la consulta pública no añadió criterios que fueran "distintos" a esos.
Banco Sabadell cree que las probabilidades de éxito de la opa de BBVA han disminuido con las condiciones fijadas por el Gobierno, que obligarán al grupo vasco a recalcular sus réditos. "Lo único que podemos decir es que esta operación, en sí misma, no tiene sentido", manifestó este miércoles el consejero delegado del vallesano, César González-Bueno, durante unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP).
BBVA continúa analizando las condiciones fijadas por el Gobierno a la opa sobre Banco Sabadell, sin cerrar la puerta a retirarla o recurrirla en los tribunales. El Consejo de Ministro vetó, en la práctica, la fusión al obligar a ambos bancos a mantener la personalidad jurídica, los patrimonios separados y la autonomía en la gestión durante tres años, ampliables en su caso a dos. Su decisión la explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y se divulgó en un documento oficial breve a la espera de conocer mejor los riesgos y argumentos que sustentan la decisión en el documento más extenso que se publicará en la web del Ministerio de Economí
La consulta popular abierta por el Gobierno entre ciudadanos, empresarios y asociaciones para pulsar si atisbaban riesgos en la opa recibió una respuesta masiva, pero solo el 25% de los participantes alegaron razones de interés general y abogaron por establecer medidas paliativas que pudiese fijar el Consejo de Ministros.
Una decisión "proporcional" y "equilibrada". Así tachó el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el veredicto del Gobierno sobre la opa de BBVA-Sabadell. El titular de Economía hizo hincapié en que sus condiciones a la transacción -el vasco no podrá fusionarse con el vallesano durante tres años, prorrogables a dos más- buscan proteger criterios de interés general y que cumplen con el marco normativo y jurídico. Sin embargo, antes de conocer la decisión de Moncloa, el grupo presidido por Carlos Torres no descartó acudir a los tribunales en el caso de que el Gobierno endurezca las condiciones de la opa. Como a BBVA le quedaría la vía del Supremo, el escenario judicial aún queda abierto.