La consulta popular abierta por el Gobierno entre ciudadanos, empresarios y asociaciones para pulsar si atisbaban riesgos en la opa recibió una respuesta masiva, pero solo el 25% de los participantes alegaron razones de interés general y abogaron por establecer medidas paliativas que pudiese fijar el Consejo de Ministros.
El formulario online abierto por el Ministerio de Economía recibió "unas 348.600 respuestas" que, tras el correspondiente filtrado, se redujeron a 65.900, detalló este martes el titular de Economía, Carlos Cuerpo, en unas jornadas de la Apie en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Según el análisis, el 41,4% "apuntaban que no existían motivos de interés general", es decir, en la práctica negaban que el Gobierno tuviese razones para intervenir. La ley de defensa de la Competencia establece que, cuando una operación pasa a Fase II como es el caso, la resolución que adopte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe visarla el Ministerio de Economía antes de ser firme. Si observa riesgos de interés general la eleva al Consejo de Ministros para su análisis y fijar, en caso, condiciones.
El porcentaje subía después al 47,3% al agregar aquellos otros partícipes que, si bien, consideraban justificada su intervención por apreciar riegos de interés general, abogaron por fijar medidas que entraban en el campo de competencia -área analizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- o de materia financiera, cuya responsabilidad entraría más en la órbita de supervisores financieros.
Solo "entono al 25% del total" denunciaron al final un interés general afectado y solicitaban propuestas que no caían en dichos de competencia o financieros, es decir, que sí correspondían al Gobierno. Cuerpo desveló los datos después de que el Consejo de Ministros haya fijado este martes condiciones a la opa de BBVA adicionales a las establecidas por la CNMC.
El ministro subrayó que la consulta no se abrió para tomar una decisión sobre si la opa debe seguir adelante o no, sino como una "fuente auxiliar" de información para la decisión del Gobierno.
Su formulación, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suscitó las críticas y el debate por lo anómalo de abrir un sondeo así cuando lo que se dirime es una operación corporativa, aunque sea una herramienta utilizada antes de elaborar una normativa.
Su instrumentalización posterior a través de un cuestionario online que se podía contestar sin límite e, incluso, con DNIs falsos o inventados alentó la polvareda. El Ministerio de Economía tuvo que garantizar que proceso cribaría las respuestas para verificar la autenticidad de los que participen y evitar una avalancha de respuestas, incluso, lanzadas a través de robots informáticos.
De ahí la fuerte reducción en las respuestas consideradas válidas, al eliminar duplicidades, respuestas con incorrecciones o anomalías en algunos campos y aquellas otras sospechosas de haber sido generadas por bots.