La Generalitat de Cataluña maniobró hasta el último momento para poder cumplir con los taxistas, al menos sobre el papel, y evitar la salida de Uber y Cabify del territorio. Según explica el presidente de Unauto de Cataluña, Josep Maria Goñi, el Govern abrió la puerta a que las VTC incumplieran "sin consecuencias" el decreto-ley aprobado el martes pasado y que fija 15 minutos de tiempo de espera entre la solicitud del servicio y su prestación efectiva.
El sector de las VTC se moviliza para evitar que el modelo catalán se extienda por el resto de España y se vean obligadas a echar el cierre en otras comunidades autónomas, como la Valenciana o Andalucía, donde el taxi ha solicitado 12 horas y 60 minutos de precontratación, respectivamente. Tras la experiencia en Barcelona, donde no han tenido la oportunidad de plantear alternativas a la regulación que ha obligado a las dueñas de las VTC a comunicar despidos masivos, la patronal Unauto ha dado un paso adelante y ha presentado a la Generalitat Valenciana una propuesta de regulación para el sector del transporte de pasajeros que aboga por liberalizar el taxi para que sea más competitivo y restringir la actividad de las VTC a la precontratación por vía telemática, telefónica o presencial. Un cambio que se suma al aviso a navegantes dado por las plataformas Uber y Cabify al abandonar la Ciudad Condal nada más entrar en vigor el tiempo de espera de 15 minutos, indignando a buena parte de la población a las puertas de unas elecciones.
El consejero delegado de GSMA, John Hoffman, reconoció lo que hace un año era un secreto a voces: que la celebración del Mobile World Congress 2018 en Barcelona estaba en peligro por la inestabilidad política. La organización del principal congreso de tecnología móvil del mundo sopesó hasta dos ubicaciones alternativas fuera de España, indicó el directivo, con motivo de la presentación de la edición 2019 del evento, que tendrá lugar en la capital catalana del 25 al 28 de febrero y prevé atraer a 107.000 asistentes y generar un impacto económico de 473 millones de euros -parámetros similares a los de la edición de 2018-.
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La decisión de la Generalitat de Cataluña de prescindir de los registradores de la propiedad como oficinas liquidadoras de los impuestos sobre las hipotecas y las herencias puede acabar en los tribunales.
El Parlament aprobó este jueves poner manos a la obra para realizar la tramitación correspondiente que permita subir medio punto el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la constitución de hipotecas, que pasará así del 1,5 por ciento actual al 2 por ciento.
Las empresas VTC que operan en Cataluña auguran despidos desde "el día siguiente de la entrada en vigor del decreto de la Generalitat", según el presidente estatal de la patronal sectorial Unauto VTC, Eduardo Martín.