Barcelona
La decisión de la Generalitat de Cataluña de prescindir de los registradores de la propiedad como oficinas liquidadoras de los impuestos sobre las hipotecas y las herencias puede acabar en los tribunales.
El motivo es el desacuerdo de este colectivo de funcionarios con la liquidación dineraria prevista por la Generalitat. Concretamente, discrepan sobre los ingresos conseguidos gracias a las gestiones de las oficinas liquidadoras, pero llegados a las arcas públicas con posterioridad a la decisión del Govern de finalizar anticipadamente el convenio de colaboración, en verano de 2017.
La decana del Colegio de Registradores de Cataluña, Carmen Florán, ha explicado a elEconomista que llevan un año sin recibir ningún ingreso, pese a que las liquidaciones debían llegar trimestralmente, según lo estipulado en el convenio que finalizó el 31 de agosto de 2017 y en la comisión de seguimiento de su proceso de liquidación.
Sin embargo, la falta de acuerdo entre registradores y Generalitat sobre la cifra a liquidar ha hecho que la comisión de seguimiento no se reúna desde mayo de 2018.
Ante la ausencia de cobros desde enero de 2018 -correspondientes al tercer trimestre de 2017-, algunos de los 53 registradores de la propiedad que actuaban como oficinas liquidadoras hasta verano de 2017 tomaron acciones por la vía administrativa, presentando una reclamación ante la Agencia Tributaria de Cataluña.
En enero, los titulares de las antiguas oficinas liquidadoras han recibido, de manera individualizada, la propuesta de liquidación de la Generalitat para el año 2019, en la que les indicaban que ahora las liquidaciones son anuales. Pero los registradores no están de acuerdo con el importe propuesto ni con la decisión unilateral de cambio de la periodicidad en los cobros.
El informe de balance de la transformación de la administración tributaria de Cataluña de diciembre de 2018, elaborado por la Generalitat, explica que este 2019 se pagarán los honorarios correspondientes a la gestión de ingresos producidos entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 por impuestos gestionados en la etapa anterior.
El Ejecutivo de Joaquim Torra estima una cifra anual descendente en ejercicios posteriores -porque irá decayendo la deuda pendiente gestionada por los registradores antes del fin del convenio-, hasta completar los pagos en 2025.
El total de pagos previstos por la Generalitat entre 2019 y 2025 suma 3,7 millones, pero los registradores reprueban la total opacidad en los cálculos, que según las estimaciones de los propios registradores deberían ser muy superiores.
Más de 7 millones
De hecho, Florán lamenta que la Generalitat ni siquiera les ha hecho llegar esta previsión anualizada. En los últimos contactos que tuvieron, la propuesta de la administración catalana era la de liquidar el convenio mediante un pago único que estimase los ingresos pendientes de cobro a futuro. En diciembre de 2017, esta propuesta era de siete millones -que los registradores ya veían escasa-, pero en mayo de 2018 se transformó en 3,6 millones.
"El cumplimiento de un contrato no puede quedar al libre arbitrio de una de las partes, queremos que se haga un cálculo real y transparente expediente a expediente, si hace falta con una auditoría, y tenemos la cuestión en manos de abogados", expone.
Pero los registradores deben reclamar individualmente, y agotar la vía administrativa antes de poder llegar a la vía judicial, que no descartan. En cambio, desde la Generalitat defienden su sistema y afirman que se está cumpliendo con los pagos correspondientes.
Florán fue nombrada decana de los registradores catalanes en noviembre de 2017, cuando ya se había resuelto el convenio, pero antes había sido la vocal coordinadora de las oficinas liquidadoras, con lo que es un tema que ha seguido de cerca.
De hecho los registradores denunciaron por la vía contencioso-admnistrativa que la Generalitat avanzase dos meses -de octubre a agosto, para transitar hacia la construcción de la Hacienda catalana antes del referéndum del 1-O- el vencimiento del convenio por el que los registradores informaban, recaudaban y revisaban los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones. Pero sobre este asunto todavía está pendiente la decisión de los tribunales.
