Las relaciones entre el Gobierno y los empresarios están muy maltrechas y los reproches desde las principales organizaciones se sucedieron a lo largo de ayer. Como resalta Javier González de Lara, presidente de la CEA andaluza, ha habido un antes y un después en la actuación del Gobierno en lo que a medidas económicas y sociales se refiere.
Los empresarios catalanes, al igual que a nivel estatal, han recibido con indignación el veto súbito del Gobierno a toda actividad empresarial no esencial, decidido en fin de semana y con retraso en la publicación del decreto, con solo 24 horas de margen para adaptarse y sin apoyo público para su implementación, lo que consideran un comportamiento improvisado y precipitado.
Algunas cadenas han multiplicado por 20 la demanda
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha reavivado la pugna entre Cataluña y Extremadura por el aumento de plantación de viñedos en tierras extremeñas para producir cava bajo la denominación de origen (D. O.) tradicionalmente catalana.
Cataluña sigue arrastrando las consecuencias del referéndum fallido de independencia dos años después, y una de sus derivadas en el ámbito empresarial es que las más de 4.000 empresas -si se restan los casos de múltiples filiales de un mismo grupo- que cambiaron su sede a otra comunidad autónoma por la inseguridad jurídica del procés todavía no han vuelto.
Foment del Treball sigue firme en la defensa de la supervivencia de la actividad económica más allá de la pandemia del Covid-19 y ha reiterado este jueves al Gobierno español la necesidad de acordar la suspensión de las autoliquidaciones de impuestos y cotizaciones sociales, con la esperanza de que lo incluya en el orden del día del Consejo de Ministros de este viernes, y le recuerda que las medidas fiscales (suspensión y exención) están entre las consideradas como prioritarias por la Comisión Europea.
Banco Mediolanum, especializado en asesoramiento de inversiones para particulares, está muy pendiente de la evolución de la pandemia del Covid-19 por varios motivos, comenzando por sus efectos financieros internacionales, con desplome de las bolsas y aumento de las primas de riesgo de las deudas de los Estados.
Las áreas del sector comercial de las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec han advertido este miércoles al Gobierno de que, "sin la suspensión inminente del pago de impuestos y el acceso total y rápido al crédito", el 70% de las empresas del ramo –que son pymes- en Cataluña y España en general se verá abocado a presentar preconcurso, o en su caso concurso, de acreedores.