El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha reavivado la pugna entre Cataluña y Extremadura por el aumento de plantación de viñedos en tierras extremeñas para producir cava bajo la denominación de origen (D. O.) tradicionalmente catalana.
En este caso, la Justicia ha dado la razón al recurso presentado por la Junta de Extremadura en contra de la Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en 2017, por la que se limitaban a un máximo de 57,4 hectáreas las autorizaciones de nuevas plantaciones, replantaciones y conversiones de derechos de plantación de viñedo para cava en 2018.
La Junta de Extremadura, que forma parte del Consejo Regulador de la D. O. Cava -con sede en Vilafranca del Penedès (Barcelona), cuna del vino espumoso catalán-, defiende el derecho de sus agricultores a crecer, y esgrime que seguirá batallando para conseguirlo, mientras que la D. O. Cava reivindica que la mayoría de los miembros del Consejo Regulador está en contra de aumentar la superficie de viñedos, aduciendo excedentes, y afirma que trabaja para defender los intereses de todos sus miembros, por lo que emprenderá las acciones legales que considere oportunas.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña asegura que estará junto al Consejo Regulador del Cava y del MAPA en todas las decisiones que eviten el aumento de superficie de viñedo para cava. Y es que la sentencia se puede recurrir al Tribunal Supremo.
La D. O. Cava recomienda limitar las nuevas plantaciones en todo su territorio -que se reparte por siete comunidades autónomas con un total de 38.000 hectáreas de viñedos- a raíz de la existencia de un excedente de unas 6.000 hectáreas de viña, de las cuales 4.000 han sido plantadas en los últimos tres años: "Es, pues, vital para el equilibrio y la sostenibilidad del sector del cava y de todos sus viticultores y bodegas que la componen, limitar este crecimiento", expone en un comunicado de respuesta al fallo judicial.
Señala que esta decisión limitativa fue tomada por unanimidad por los representantes escogidos democráticamente de los viticultores y elaboradores de la D. O. Cava, procedentes de los 159 municipios que la componen, con el objetivo de garantizar un crecimiento sostenible a medio y largo plazo, y que la sentencia emitida por el TSJ de Madrid afecta exclusivamente a la resolución correspondiente al año 2018, no a posteriores.
Agrega que, al igual que todas las Denominaciones de Origen europeas, la D. O. Cava tiene la responsabilidad y competencias -reconocidas por la legislación nacional y europea- para gestionar de forma ordenada y equilibrada su viñedo, acorde a la demanda de sus productos.
Devaluación
La Generalitat de Cataluña, que se personó como parte interesada ante el recurso presentado por la Junta de Extremadura, lamenta que la sentencia del TSJ "da derecho a que unos territorios concretos puedan interferir en las decisiones del pleno del Consejo Regulador de la D. O. Cava, lo que rompería con el concepto de DO y su sistema de gobierno", y advierte del riesgo de devaluación de la Denominación de origen.
Ejemplifica que el exceso de oferta de uva de 2019 ya provocó una fuerte caída de precios, y que ya se está traduciendo en una bajada de precios del producto terminado.
Sin efectos inmediatos
Mientras se dirime el futuro de la batalla legal, el Gobierno catalán considera que el fallo del TSJ no tiene por qué tener efectos inmediatos sobre la limitación de nuevas superficies de viñedo para cava, ya que las autorizaciones de nuevas plantaciones ya fueron otorgadas y no se pueden modificar. Y recuerda que, desde la actual campaña de plantación y durante tres años, el MAPA ha resuelto la limitación total de nuevas plantaciones, replantaciones y de conversión de derechos de viñedo con destino a producción de cava.
Por contra, la Junta de Extremadura afirma que la reciente sentencia les da la razón para seguir aumentando hectáreas en la región, y confirma que "no queda acreditado" el argumento de devaluación del mercado del cava.
La Junta celebra que el fallo acusa al MAPA de ignorar el principio de unidad de mercado, las peculiaridades geográficas de la D. O. Cava, las normas de derecho de la competencia y la consideración de Extremadura como beneficiaria de las acciones prioritarias de la UE, evitando los principios comunitarios de solidaridad entre las regiones y de ayuda a las menos desarrolladas.
Una nueva DO Penedès, congelada
Los planes de las agrupaciones de bodegas cavistas catalanas 'Corpinnat' y 'Clàssic Penedès' -escindidas de la D. O. Cava por considerarla demasiado laxa- para conformar una nueva D. O. de vinos espumosos del Penedès de alta calidad ha quedado de momento congelada, tras meses de negociaciones que no han fructificado en un acuerdo.
Según sus impulsores, la idea no se descarta y sigue siendo un objetivo común, pero por ahora cesarán los contactos, a la espera de que más adelante puedan retomarse.
