Los empresarios catalanes, al igual que a nivel estatal, han recibido con indignación el veto súbito del Gobierno a toda actividad empresarial no esencial, decidido en fin de semana y con retraso en la publicación del decreto, con solo 24 horas de margen para adaptarse y sin apoyo público para su implementación, lo que consideran un comportamiento improvisado y precipitado.
La patronal Foment del Treball ya reclamó este domingo que el Estado asuma el 75% de los costes laborales del permiso retribuido recuperable en el caso de las empresas que no tengan liquidez, e insiste en que los negocios requieren la suspensión del pago del IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales porque eso representa capacidad de tesorería y liquidez, y son este tipo de medidas las que la Comisión Europea considera prioritarias "para no fulminar al tejido productivo".
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, reprochaba este lunes que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendiese el domingo una hibernación de la economía pero no una "hibernación de impuestos", según una entrevista de Ràdio 4 recogida por Europa Press.
Apoyo a los sectores esenciales
Asimismo, la patronal ha agregado este lunes, a través de un comunicado, una nueva petición al conjunto de administraciones públicas: mecanismos para dar apoyo legal a los sectores de actividad esenciales –de cualquier tamaño- que garantizan los servicios mínimos ante la emergencia sanitaria y económica. El objetivo es dar a los empresarios "flexibilidad y apoyo legal para trabajar sin obstáculos innecesarios".
Por su parte, Pimec ve la manera en que se ha ordenado el paro retribuido del 30 de marzo al 9 de abril "poco responsable y de nula sensibilidad empresarial", porque crea inseguridad jurídica en los Erte ya presentados pero todavía pendientes de aprobación, y porque "condiciona de manera preocupante el futuro económico".
Se añade a las peticiones de compensaciones a los autónomos y las pymes "que tendrán que avanzar un dinero que ahora no tienen" para llevar a cabo esta medida impuesta por Real Decreto.
Plan de futuro
La Cámara de Comercio de Barcelona apoya el paro económico casi total –aunque cree que se debería haber realizado hace dos semanas-, pero también insta al Estado a asumir los costes y aprobar más medidas de apoyo a las empresas, así como a pensar un "plan de salida" de la crisis económica con garantías.
Defiende que las empresas también deben contar con equipos de protección para sus trabajadores, así como extender los test rápidos a toda la población para confirmar que quien salga de casa no está contagiado.
Asimismo, se suma al clamor empresarial de suspensión de impuestos, de agilización de los créditos con avales públicos y de que las administraciones paguen sus facturas pendientes con sus proveedores –que calcula que ascienden a 14.000 millones de euros en toda España-.
Asimismo, va más allá y recuerda lo que propuso el viernes: condonar las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos y pymes durante tres meses prorrogables –que calcula en un coste para el sector público de unos 17.600 millones en toda España-, poniendo como condición a las pymes que conserven los puestos de trabajo.
Otras de sus reivindicaciones pasan por diferir el pago durante tres meses prorrogables de los alquileres de empresas y particulares en situación vulnerable y del pago de suministros de luz, teléfono y gas, así como de los préstamos e hipotecas. La deuda acumulada se prorratearía en los 24 meses siguientes, sin intereses, según su propuesta.
Automoción
El Clúster de la Industria de la Automoción de Cataluña (CIAC) ha calificado este lunes de "desbarajuste" el decreto estatal de paro retribuido, que "hace augurar un futuro muy negro para el sector de la automoción".
Lamenta que, si ya existía un problema en la puesta en marcha de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) por causa de fuerza mayor por la falta de criterios y la aplicabilidad divergente en función del gobierno autonómico, ahora hay que sumar una mayor restricción para que las empresas puedan acogerse a una solución que les permita sobrevivir.
Argumenta que una parte del sector de la automoción en Cataluña decidió seguir con su actividad más o menos habitual, aplicando las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias, lo que beneficiaba a las arcas públicas.
Pero ahora estas empresas deben parar su actividad y no se les ofrece "ningún tipo de salida viable": ni a través de Erte por causa de fuerza mayor, aplazamiento del pago de tributos, modificación de la fiscalidad o cualquier otra acción en un momento en que no existe demanda y no se genera riqueza.
Reproches de la Generalitat
La Generalitat de Cataluña apoya el confinamiento casi total para frenar al Covid-19, pero la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, defendía este lunes que quien debe asumir el peso del parón económico es el Estado, no las empresas y los trabajadores.
Insistió en la petición de suspender inmediatamente el pago de impuestos y cotizaciones sociales, que bautizó como "confinamiento tributario", y eliminar el límite de déficit y techo de gasto para las autonomías, y lo vinculó con otra de las últimas medidas estatales criticadas por los empresarios: "No sirve de nada prohibir despidos hoy si no garantizamos la supervivencia de las empresas mañana".
Dentro de sus competencias, la Generalitat habilitará este martes un certificado para las empresas industriales que consideren que deben mantener la actividad, a semejanza del certificado de autorresponsabilidad creado para las personas que salen de casa por motivos justificados. Lo vehiculará a través de un formulario web.