El reloj avanza y seguimos sin responder a una pregunta fundamental: ¿Cómo vamos a financiar el desarrollo sostenible? Mientras los desafíos se multiplican —crisis climática, desigualdad, pobreza, conflictos— los compromisos internacionales siguen tropezando con la misma piedra: la falta de recursos movilizados, no de promesas.
Hay pocas fuerzas tan determinantes en el mundo empresarial como la rentabilidad. Por eso, cuando los objetivos se vinculan a un incentivo, su avance se acelera. Y la sostenibilidad no es una excepción. Así lo reflejan los mercados financieros, lo reconocen los inversores y lo demuestran las grandes empresas cotizadas, que han apostado por asociar la retribución de sus directivos al cumplimiento de criterios en esta materia. Sin embargo, el panorama es distinto para el resto de las compañías y es necesario preguntarse por qué.
Nadie dijo que fuera fácil. Todo lo contrario. Y es que me atrevo a decir que la construcción de un futuro sostenible, más allá de un reto ambicioso, incluso mayúsculo, era de una necesidad extrema.
La emergencia climática que estamos viviendo nos ubica a todos en un escenario donde tomar acciones decididas será determinante. Ya no hay tiempo para medias tintas ni compromisos en vano. Debemos impulsar acciones ambiciosas que contribuyan a los objetivos de reducción de emisiones y a la construcción de un sistema económico más sostenible y resiliente, con los consiguientes cambios, oportunidades y riesgos que esto puede suponer para las empresas.
Este año 2021 sería un buen año para que se aprobasen las primeras normativas internacionales vinculantes para empresas sobre el respeto a los derechos humanos.