Continuamos con la inestabilidad jurídica respecto al mercado de los alquileres en Cataluña: como era previsible, el Tribunal Constitucional ha estimado en parte el recurso de inconstitucionalidad planteado contra el Decreto Ley del Gobierno de Cataluña nº 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
La Generalitat ha aprobado el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, un texto que afecta a los arrendatarios de locales comerciales cerrados o con el uso limitado por las medidas contra la COVID-19, marcando el curso de la renegociación del precio de los alquileres con su arrendador.