Redactor de Macro en elEconomista

España cerró 2023 con una deuda pública del 107,7% del PIB. El Banco de España confirma la cifra adelantada hace más de un mes por el Gobierno, que anticipó que la ratio se redujo en 3,9 puntos sobre el cierre de 2022. El dato mejora -además- en cuatro décimas la previsión inicial que Moncloa incluyó en el Plan Presupuestario, donde el Ejecutivo estimó que se situaría en el 108,1% del PIB para el conjunto del 2023. A lo largo del año pasado, la deuda se ha ido moderando desde una ratio del 111,2% del PIB registrada en el primer y segundo trimestre, hasta el 109,8% del PIB del tercer trimestre y el 107,7% del PIB a finales de año.

La Comunidad de Madrid es la única región española que ha conseguido elevar su inversión nominal durante los últimos 30 años, a pesar del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera de 2008 y el estallido de la pandemia. La autonomía ya capitaliza un 22,62% de toda la inversión en España en 2023, tras elevar su peso en 6,43 puntos desde 1995. En contra, otras como Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana han ido perdiendo participación en la inversión con el paso de las décadas, según revela un informe publicado por la Fundación BBVA-Ivie. El documento desvela los comportamientos que las diferentes autonomías han mostrado después de cada una de las crisis que han azotado a España desde el año 1995. En concreto, Madrid reaccionó elevando su esfuerzo inversor entre los años 2008 y 2014, un periodo en el que -a pesar de la deriva económica- lo incrementó en 1,94 puntos sobrepasando a Cataluña y convirtiéndose en la comunidad autónoma que más inversión atrae. Tras ello, redobló su apuesta en otros 4,49 puntos, consolidándose como el principal polo de atracción nacional.

La autodeterminación tributaria catalana que plantea la Generalitat al Gobierno restará más de 3.000 millones de euros a la recaudación procedentes de la lucha contra el fraude fiscal. La Asociación de Inspectores de Hacienda advierte de la incapacidad de una Agencia Tributaria Catalana (ATC) para perseguir las actividades ilícitas, especialmente las cometidas por las multinacionales y los grandes patrimonios. Una labor -que a nivel estatal- generó unos ingresos extraordinarios de 15.332 millones de euros en 2022, claves para enderezar la estrategia de reducción del déficit público iniciada tras la pandemia. Un 20% de esa recaudación adicional procedía de actuaciones llevadas a por la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña.

España cuenta con una de las industrias europeas menos expuestas a nuevas tensiones geopolíticas y a la posible deriva de la situación económica China. Comparado con otros países comunitarios, solo el 20% de la producción española se refiere a procesos de producciones internacionales, según BBVA Research. La entidad explica además que las cadenas españolas son más cortas que el promedio mundial, por lo que la producción doméstica cuenta con menos eslabones que pudieran romper el proceso. "Esta situación puede representar una ventaja para España durante crisis de suministros internacionales", afirma el análisis sobre las exportaciones españolas publicado por BBVA, que advierte también de posibles efectos adversos. "Puede limitar el alcance de la industria española en épocas de bonanza", afirman.

La presión que España ejerce sobre las ganancias del capital alcanza el 28% y se coloca entre las más altas de la Unión Europea, que promedia el 18,6%. Únicamente seis países comunitarios aplican un tipo máximo más elevado sobre estos beneficios: Dinamarca, con una tasa del 42%; Finlandia y Francia, con un tipo al 34%; Países Bajos e Irlanda, al 33% y Suecia, al 30%. Sumar pretende elevar el cerco fiscal y aplicar una nueva vuelta para elevar la presión a los beneficios obtenidos de valores, bonos o inmuebles en los proyectos de Presupuestos del próximo curso que Moncloa ha comenzado a preparar con calma. "Hay que incrementar los ingresos públicos haciendo que quien más tiene pague más", insistió hace unos días el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, recalcando la consgina política del grupo que encabeza la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El escudo anticrisis que el Gobierno levantó a raíz del estallido de la pandemia redujo el porcentaje de economía sumergida hasta el 15,8% en 2022, un 1,5% por debajo de la media de la UE. Se trata de la mayor diferencia en los 20 años en los que se efectúan los registros. La protección que el Estado lanzó a partir de 2020 sirvió para que buena parte de aquellos que desempeñaban su actividad de espaldas a la Agencia Tributaria, optaran por regularizar su situación con la intención de acceder al auxilio procurado por Moncloa. "La prestación por cese de actividad para autónomos, los ERTES para asalariados o el IMV, habrían desincentivado el empleo informal", apuntan desde la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia.

España cerrará 2023 con un déficit dos décimas inferior al comprometido con Bruselas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención en el Congreso para adelantar que el desequilibrio en las cuentas públicas cayó al 3,7% el año pasado, por debajo del 3,9% que exige la Comisión Europea. "Gracias al buen desempeño económico del país ya le puedo garantizar que este año vamos a cerrar, o mejor dicho, el año 2023, vamos a cerrar con un déficit público del 3,7%", ha anunciado el jefe del Ejecutivo.

El Gobierno empieza a desplegar el ‘plan b’ que reservaba tras la renuncia a la elaboración de los presupuestos para 2024 anunciada el pasado miércoles. El PSOE registró ayer varias enmiendas al decreto anticrisis para actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un trámite que suele incluir en el proyecto de presupuestos.

El Banco de España advierte de que la debilidad de la inversión empresarial restó cuatro décimas al crecimiento del PIB en 2023. En su informe de proyecciones, el regulador destaca que la fragilidad se agudizó especialmente durante el último trimestre. “En el cuarto trimestre de 2023, la formación bruta de capital fijo presentó un comportamiento peor del anticipado y se contrajo un 2% intertrimestral”, explica el documento.