La autodeterminación tributaria catalana que plantea la Generalitat al Gobierno restará más de 3.000 millones de euros a la recaudación procedentes de la lucha contra el fraude fiscal. La Asociación de Inspectores de Hacienda advierte de la incapacidad de una Agencia Tributaria Catalana (ATC) para perseguir las actividades ilícitas, especialmente las cometidas por las multinacionales y los grandes patrimonios. Una labor -que a nivel estatal- generó unos ingresos extraordinarios de 15.332 millones de euros en 2022, claves para enderezar la estrategia de reducción del déficit público iniciada tras la pandemia. Un 20% de esa recaudación adicional procedía de actuaciones llevadas a por la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, propuso hace días una reforma de la ley de financiación autonómica para permitir a Cataluña la gestión y recaudación de todos los impuestos en su territorio para después transferir una parte de los recursos al Estado. Para ello, el líder de ERC, prepara la creación de su propia Agencia Tributaria. Aragonés hace referencia al acuerdo de investidura que convirtió a Sánchez en presidente. En él, el socialista se comprometió a explorar la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, a través de un Consorcio que servía de nexo de unión entre ambas administraciones.
"La ATC tendría que requerir la colaboración de la Agencia Estatal para realizar prácticamente cualquier inspección, porque no podrá verificar operaciones realizadas fuera de Cataluña, ni elementos materiales sitos fuera de la comunidad autónoma, ni requerir información de contribuyentes no establecidos en Cataluña", relata el documento presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid. En concreto, los inspectores de Hacienda prevén que -de llevarse a cabo- la nueva agencia catalana se vería obligada a encargar los trabajos de inspección a efectivos de la Agencia Tributaria, lo que alargaría los plazos "en perjuicio de los derechos de los contribuyentes".
Fraude de multinacionales y grandes patrimonios
La labor sería más precaria incluso en el control sobre las multinacionales, "ya que la explotación de la información y las actuaciones de control debe ser ejercida con carácter nacional", alerta en informe. En la actualidad existen 124 multinacionales en España que facturan más de 750 millones de euros anuales, y que tienen 14.700 filiales, de las que 9.800 son extranjeras.
Lo mismo ocurriría con los grandes patrimonios. Con la creación de una Agencia Tributaria catalana, la Generalitat perdería a la Unidad Central del Control de Patrimonios Relevantes, el equipo de inspectores encargados de detectar y actuar ante las irregularidades fiscales cometidas por las rentas más altas, y que depende del ministerio de Hacienda. Con ellos, Cataluña perdería toda la información y el censo que esta unidad lleva desarrollando desde 2018, y que permite una persecución eficaz. Solo en 2022, las actuaciones contra aquellos con altas capacidades económicas generaron como resultado deudas liquidadas por importe de 546 millones de euros en 1.130 expedientes.
Es más, los inspectores han explicado que existen tributos, como el caso del IVA, en los que su naturaleza hace imposible una gestión descentralizada del mismo. "Es más, las tendencias internacionales en este impuesto abogan cada vez más por una gestión en un solo país miembro y el reparto de recaudación entre los Estados", remarca la asociación.
Inconstitucional
Al margen avanza el encaje legal de la propuesta de Aragonés. Los inspectores de Hacienda alertan de su inconstitucionalidad, ya que derriba los principios de igualdad, de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad, que recogen la carta magna. "Esta independencia fiscal para Cataluña es inconstitucional", ha advertido la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, durante una rueda de prensa.
Además, el análisis recuerda que todos los intentos del Ejecutivo catalán por levantar una agencia tributaria propia han sido derribados por la justicia. "La Constitución no ampara un régimen fiscal especial aplicable sólo en una determinada Comunidad Autónoma, en este caso Cataluña, por mucho que quieran decir que este territorio tiene una singularidad fiscal", afirman el documento.