El denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas nace, como ya ha ocurrido con otras leyes decretadas por el actual Gobierno de España, muy mal parido.

Socio director de Lacaci & Delgado Abogado
El denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas nace, como ya ha ocurrido con otras leyes decretadas por el actual Gobierno de España, muy mal parido.
Mientras que en España, poco a poco, se va cogiendo el pulso al Covid-19 y la vacunación parece servir de arma eficaz para reducir los nuevos contagios, así como para suavizar los efectos adversos de la enfermedad, las armas políticas con las que se pretendió luchar contra la fatídica pandemia han demostrado ser ineficaces, o, al menos, contrarias a la ley.
Una de las medidas que el Gobierno de España ha adoptado para intentar hacer frente a la crisis económica, derivada de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID19, es la que se refiere a la línea de avales para dar liquidez a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Esta medida, operativa desde el 6 de abril de 2020, se canaliza mediante los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).