El grueso de los 16.600 millones de euros que Pedro Sánchez anunció en sus paquetes de ayuda para quienes sufrieron las consecuencias de la DANA que inundó buena parte de la provincia de Valencia sigue sin llegar de forma masiva a los afectados. Cuando ya han pasado tres meses desde la mayor catástrofe natural de este siglo en España, el propio Gobierno central cifra en 1.970,9 millones de euros las ayudas que ha desembolsado hasta ahora, apenas el 11,8% del volumen comprometido.
La cadena de moda femenina low cost Valentina, que tuvo un fulgurante crecimiento de la mano del comercio electrónico, se convierte en otra de las víctimas en diferido de la pandemia del Covid. Tras su éxito online la empresa de Elche apostó por crear su propia red de tiendas físicas en España, pero en pleno proceso de expansión el parón obligado por la Covid19, ha terminado dando al traste con sus planes.
La nueva regulación con la que Valencia quiere plantar cara al boom de los pisos turísticos en un momento en que los precios de la vivienda y de los alquileres siguen rompiendo récords no sólo limitará a este tipo de alojamientos. La normativa que hoy ha aprobado la Junta de Gobierno Local incluye también limitaciones para las plazas hoteleras en la ciudad.
Uno de los mayores distribuidores de ruedas de vehículos de España, el alicantino Grupo Soledad, dueño de cadena de talleres como Confort Auto, sigue apostando por la actividad industrial y para ello ha dado el salto a un sector en el que no tenía presencia: el acero. El holding familiar ha comprado la mayoría de Aceros y Servicios, que opera una fábrica de piezas especiales de este material.
La fiebre por los estadios de fútbol vuelve a resurgir en la Comunidad Valenciana, pese a los sonoros fracasos en su historia reciente como el esqueleto del Nou Mestalla abandonado durante años, o los traspasos encadenados del Rico Pérez de Alicante entre el Ayuntamiento y los dueños del Alicante.
La Agencia Tributaria Valenciana (ATV), el organismo de la Generalitat Valenciana encargado de gestionar la recaudación de los impuestos propios y cedidos al Gobierno autonómico, recaudó 2.541 millones de euros el año pasado, un 7,8% más a pesar de las rebajas fiscales aplicadas tras el cambio de Ejecutivo autonómico a mediados de 2023.
Dulce cierre de año para CaixaBank. El banco elevó en 2024 un 20,2% su beneficio, hasta los 5.787 millones de euros, impulsado por el crecimiento de la actividad comercial y tipos de intereses elevados, según ha comunicado este jueves. El resultado obtenido supera los 5.667 millones estimados por el consenso de analistas publicado en la web de la entidad. Se trata del mejor año de su historia, al batir el récord de 5.226 millones contabilizado en 2021 gracias a los 4.300 millones del fondo de comercio negativo generado por la fusión con Bankia. Asimismo, el banco ha anunciado un programa de recompra por el valor máximo de 500 millones, completando el plan de distribución contemplado en el plan estratégico 2022-2024 para alcanzar el objetivo de 12.000 millones de euros.
El traslado de la sede de Banco Sabadell de Alicante a Cataluña no cambia el discurso de CaixaBank, que insiste en que su domicilio social se mantendrá en Valencia con carácter indefinido. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha vuelto a insistir tajantemente en que esa es la intención del banco: "No vamos a cambiar la sede".
Power Electronics, el fabricante industrial valenciano que probablemente haya tenido un mayor crecimiento en el último lustro en la Comunidad Valenciana, puede llevarse la mayoría de la producción de su factoría principal en Lliria (Valencia) a Houston si Trump cumple sus amenazas de imponer aranceles a Europa y a España.
Nuevo movimiento para abrir un frente en los tribunales por las responsabilidades de lo sucedido en la catástrofe humana y material provocada por la DANA en buena parte de Valencia. La Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia y un centenar de sus socios han presentado en los Juzgados de Instrucción de Valencia una querella penal que atribuye varios delitos por lo sucedido a cinco responsables de la Generalitat Valenciana en ese momento y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).