Valencia
Nuevo movimiento para abrir un frente en los tribunales por las responsabilidades de lo sucedido en la catástrofe humana y material provocada por la DANA en buena parte de Valencia. La Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia y un centenar de sus socios han presentado en los Juzgados de Instrucción de Valencia una querella penal que atribuye varios delitos por lo sucedido a cinco responsables de la Generalitat Valenciana en ese momento y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Aunque no es la primera querella que se presenta en los tribunales valencianos por el siniestro que costó la vida a 224 personas y en el que aún hay tres desaparecidos, sí que es la primera de carácter masivo y también está claro que no será la última, ya que otras asociaciones como SOS Desaparecidos también han anunciado que están trabajando en medidas legales similares.
La querella considera necesario que se abra una investigación judicial por los ocurrido durante el 29 de octubre y en los días posteriores al estimar que pudo haber por parte de los altos cargos de la Administración autonómica y de la CHJ varios delitos de homicidios imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro por la inacción de los responsables de Emergencias y del organismo estatal encargado de la gestión de la cuenca hidrológica.
Como posibles investigados, la querella elaborada por el despacho madrileño Vilches Abogados incluye a la exconsellera Salomé Pradas, en ese momento máxima responsable de Emergencias de la Generalitat, y varios cargos de ese departamento autonómico. El entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso; el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; y la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles. Además, la querella también incluye al presidente de la CHJ, Miguel Polo., organismo autónomo de la Administración General del Estado.
La querella no señala entre los posibles investigados al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque sí se incluye la petición al juez de una testifical, esto es, que sea citado como testigo para la investigación. Según el CEO de Vilches Abogados, Manuel Hernández, que dirige los trabajos del bufete, se ha optado por no incluirlo por su calidad de aforado, que requiere que cualquier causa sea llevada al Tribunal Superior de Justicia, lo que creen que podría dificultar y retrasar aún más la investigación.
La querella de la Asociación de Damnificados no incluye a todos sus 340 socios, ya que según explicó su presidente Cristian Lesaec la entidad nació sobre la marcha tras la desgracia ante la falta de ayuda de las administraciones de un grupo de vecinos que se fueron uniendo para responder a las necesidades básicas. Entre el centenar de querellantes se incluyen tres familiares de fallecidos por la DANA y varios heridos.
Los argumentos
La querella, que incluye 67 páginas y 37 documentos adjuntos, se centra en que de haberse activado antes el sistema de alerta a móviles ES-Alert que se envió a las 20.11 horas de la tarde-noche el desastre no habría sido de la magnitud registrada y argumenta que los responsables contaban con elementos suficientes para haberla enviado antes.
El documento se basa en tres puntos fundamentales. El primero es la falta de previsión y de acción el mismo día de la DANA pese a los "avisos reiterados de Aemet" tanto los días previos como a primera hora de la mañana con la alerta roja y avisos de peligro extremo. Entre la información que incluye para alegar ese conocimiento está la suspensión de actos oficiales de algunos departamentos de la Generalitat.
También recoge que era conocido el riesgo de inundación y desbordamiento en el barranco del Poyo como reconocen todos los estudios previos de acciones para hacer frente a esa situación desde hace años y ante la frecuencia de desbordamientos en esa zona, pero que no se llevaron a cabo, lo que también es una muestra de inacción en las administraciones.
Por último, incluye la omisión del deber de socorro ante la falta de toma de decisiones urgentes ese mismo día y durante los inmediatamente posteriores que provocaron en los afectados un sentimiento de abandono por parte de las administraciones responsables.
Según Hernández, el objetivo fundamental de la querella y de la Asociación es que se abra una investigación judicial para conocer lo ocurrido y las responsabilidades, más allá de a quienes se incluya en la causa, que según el abogado durante su curso podría ampliarse o modificarse. Además, la Asociación y el bufete señalaron que ya trabajan en una demanda patrimonial para posibles indemnizaciones de las administraciones al margen de esta causa penal, una acción que tiene de plazo para presentarse hasta el próximo 28 de octubre, cunado vence el año desde la tragedia.
En principio el encargado de admitir a trámite la querella será el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, que es el que ha acumulado las presentadas hasta ahora por particulares y asociaciones como Manos Limpias, que en la mayoría de los casos han sido desestimadas.