El Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, llevaba desde el año 2009 sin llevar a cabo la limpieza del Barranco del Poyo, que se ha convertido en la zona cero de la peor Dana de este siglo, pese a la insistencia de varias administraciones en su ejecución.
Durante la tramitación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones (2022-2027), una de las principales exigencias recibidas dentro del proceso de información pública, se refería a la falta de avances por parte de la Confederación del Júcar en este proyecto que ya había sido incluido en el primer ciclo de planificación: la adecuación ambiental y drenaje de la Cuenca del Poyo Vertiente a la Albufera.
Según consta en el Informe del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, al que tuvo acceso elEconomista.es, un grupo encargado de revisar la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, las quejas presentadas por el Ayuntamiento de Riba-roja por la falta de ejecución de dicho proyecto se recogían con total claridad.
Tal era la situación, que el municipio incluso añadía a su petición de limpieza la coletilla de "o las actuaciones que se consideren oportunas para reducir el riesgo de inundación de la zona".
Riesgo en los polígonos
Asimismo, el Ayuntamiento reclamaba también una mayor concreción para el problema de inundaciones que sufren los polígonos industriales del municipio y sus actividades económicas.
El Plan 2022-2027 aprobado finalmente llevó a cabo una enumeración de las medidas estructurales (presas, encauzamientos, motas, diques, etc.), competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no se habían realizado o aprobado los estudios de viabilidad ambiental, de la viabilidad económica y social, del primer ciclo de planificación entre los que figuraba, evidentemente, la adecuación y encauzamiento en el casco urbano de Aldaia y drenaje de caudales al barranco del Poyo.
Durante el primer ciclo, el Gobierno indica que llevó a cabo el estudio de la llamada Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia (ver gráfico). De hecho, la aprobación de la Declaración de Impacto ambiental del mismo le correspondió a la propia ministra actual de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su etapa como secretaria de Estado del Gobierno de Zapatero.
Visto por Ribera
El 16 de diciembre de 2011 Ribera formulaba declaración de impacto ambiental favorable al Proyecto de Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera con una serie de condiciones.
En 2017 la declaración de impacto ambiental caducó al no haberse iniciado el proyecto y forzó a que en 2018 se tuviese que volver a iniciar la tramitación con el análisis coste-beneficio del proyecto.
El drenaje de la cuenca del Poyo se paralizó entonces por la incompatibilidad con la Ley de protección de la huerta de la Comunitat Valenciana, aprobada por el Gobierno de Ximo Puig.
Ahora, la Generalitat Valencia se ha comprometido a llevar a cabo cambios en dicha norma para poder realizar este tipo de actuaciones en una zona sobre la que se ha llegado incluso a discutir si su vigilancia correspondía a la Confederación, como queda claro al estar incluido en los planes.
Curiosamente, por el camino, esta misma obra fue reclamada por Compromís en 2020 con enmiendas a los Presupuestos Generales del estado que tampoco fructificaron.
Otros problemas
El Plan 2022-2027 llevado a cabo por el actual Ministerio de Transición Ecológica identificaba también las medidas para establecer o mejorar sobre la planificación institucional de respuesta a emergencias de inundaciones a través de la coordinación con Planes de Protección Civil, e identificaba varias actuaciones no iniciadas como el desarrollo del Plan Estatal, Planes Autonómicos de impulso a planes de autoprotección o la actualización del Plan especial de protección civil frente a inundaciones.
En las medidas para mejorar la conciencia pública en la preparación para las inundaciones, incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección, también hay algunas medidas competencia de los organismos de protección civil que no se han ejecutado, como la mejora de la publicación y divulgación en medios de los datos relativos a los daños ocasionados por inundaciones o la divulgación en campañas informativas, especialmente en las Comunidades Autónomas de Aragón y Castilla-La Mancha donde no se ha realizado ninguna de estas medidas. No olvidemos que no había presupuesto para las mismas. En el ámbito del establecimiento o mejora de los protocolos de actuación y comunicación de la información, competencia de los organismos de protección civil (junto con la colaboración de otros organismos), se alcanzaron los objetivos marcados en el PGRI en cuanto a la redacción o actualización de los protocolos de comunicación en la fase de avenidas y/o temporal costero, en la fase de recuperación o en la fase de evaluación de lecciones aprendidas.
