Directora fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). LL.M en Derecho Ambiental, London University, LL.M en Estudios Jurídicos Internacionales, New York University

Desde la entrada en vigor del Acuerdo de París, el sector privado, como no podía ser de otra manera, se ha unido a la lucha contra el cambio climático. En muchos casos, a través del anuncio de grandilocuentes compromisos sobre los que, posteriormente, queda poco claro su grado de cumplimiento sin la intervención de terceros que los verifiquen. Con la guerra en Ucrania empresas del gas y petróleo están además abandonando sus compromisos a corto plazo.

Acaba de comenzar la vigesimoséptima Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), adoptada hace 30 años en la Cumbre de Río de 1992. Si bien se ha avanzado en la lucha contra el cambio climático, esos esfuerzos no han sido suficientes, tal y como alerta la ciencia y muestran los hechos —la ola de calor acaecida en Europa este último verano es un claro ejemplo—. Las medidas y políticas adoptadas por la comunidad internacional no están siendo suficientes para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y evitar un aumento de la temperatura por encima de 1,5º C. Denominada la “COP africana”, la conferencia este año se celebra en un momento de gran incertidumbre debido tanto a la invasión de Ucrania, que ha provocado un alto incremento de los precios de la energía y los alimentos, como a la sucesión de desastres climáticos extremos en diferentes partes del Planeta.

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