La falta de Presupuestos no va a impedir que la hiperactividad de la que hace gala la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nos deje con una mano delante y otra detrás por la subida de los impuestos. El año comenzó con alzas del IVA de la luz y del gas al 21%, al que hay que sumar las de cotizaciones sociales.
Cataluña es el granero de votos de Sánchez. La continuidad de la legislatura se fía a una gran victoria de Salvador Illa el próximo 12 de marzo, después del fiasco de las gallegas y de las pobres expectativas en Euskadi. Por primera vez en mucho tiempo, las dos grandes formaciones independentistas, ERC y Junts, no suman mayoría absoluta en los sondeos, lo que abre la puerta a un Gobierno de los socialistas con alguna de las formaciones independentistas.
La política lo embarra todo. La participación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en dos reuniones en junio y julio de 2020 con el consejero delegado del Globalia, Javier Hidalgo, unos meses antes de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobara el rescate de la aerolínea por 475 millones ha disparado las alarmas y alimentado el debate sobre si se dieron con criterio económico o político.
La legislatura se complica. La suspensión de los Presupuestos para 2024 es una muestra palmaria de las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus propuestas legislativas. Y lo peor es que la suerte de Sánchez corre el riesgo de empeorar. Los resultados electorales en el País Vasco, en Cataluña y en la UE amenazan con dejarlo en una situación de debilidad. Y todo ello en vísperas de la entrada en vigor de unas reglas fiscales, que obligan a ajustes del gasto, y en espera de la formación de una nueva Comisión Europea, ante la que Sánchez ha perdido la credibilidad de antaño por la situación interna.
El Gobierno hace un traje a medida de Puigdemont para liberarlo de los delitos de terrorismo y traición en el nuevo proyecto de ley de amnistía, a la par que consigue el compromiso de sus socios para sacar los Presupuestos. Sánchez despeja así el camino de la legislatura y demuestra, una vez más, su capacidad de superación en las circunstancias más adversas, mientras que llueven chuzos de punta por las relaciones de su Gobierno y hasta de su mujer, Begoña Gómez, con la trama Koldo.
Aznar fue un presidente que presumía de tener baraka, hasta que el 11-M cambió su suerte y dio al traste con su larga carrera política. Rajoy sorteó la gran crisis del 2008 sin dar su brazo a torcer y permitir la intervención de la economía, pero una moción de censura inesperado lo echó de La Moncloa. Sánchez presumía hasta hace unos días de tener despejado el camino de la legislatura hasta 2027. Pero la imposibilidad de blindar a Puigdemont en la ley de Amnistía y el caso Koldo han dejado en shock al corazón del sanchismo.
España lleva camino de convertirse en un desierto industrial. El sector manufacturero perdió 350.000 afiliados desde la crisis de 2008, quedándose en 2,38 millones, lo que contrasta con los casi tres millones de empleos ganados en el mismo periodo en los servicios, al pasar de 13 a 15,9 millones de ocupados. Las cifras constatan que somos un país de servicios y explica la caída de la productividad y el estancamiento secular de la renta per-cápita frente a nuestros vecinos europeos.
El mapa bancario pasó de cerca de medio centenar de entidades financieras, entre cajas y bancos, a una decena. Una de las causas de porqué la banca no remunera los depósitos es por la falta de competencia. Ya nadie habla de fusiones, porque el número de entidades es muy reducido. Sin embargo, aún queda una operación pendiente.
Estados Unidos creció el año pasado el 3,2% con un mercado laboral y un consumo al alza, frente al 0,2 % previsto por los analistas. La previsión para éste es que la economía se acelere a la par que la inflación se aproxima al objetivo del 2%, mientas que los índices bursátiles se aproximan a sus máximos. Entre los elementos que alimentan el optimismo, tanto entre los consumidores como los inversores, están las elecciones de noviembre. Tradicionalmente, los años electorales son buenos para la economía, los candidatos se desviven por dar buenas noticias, prometer rebajas de impuestos y ayudas para atraer inversión y empleo a Estados Unidos.
Miles de agricultores y ganaderos se echarán la semana que viene a las carreteras de nuestro país para pedir que se levanten las restricciones medioambientales y sanitarias a sus productos siguiendo la estela de sus colegas alemanes, franceses, belgas o polacos. Piden que se derogue parte de la Agenda 2030 que pretende reducir las emisiones de carbono en un 55%; que se rebajen las exigencias de la Política Agrícola Común (PAC) o se suavicen las normas sobre bienestar animal, entre otras muchas medidas. “Los animales tiene un mayor control sanitario a lo largo de su vida que las personas”, asegura, Pedro Barato, presidente de Asaja, la principal organización agraria promotora de las movilizaciones.