Opinión

La política de chalaneo y alcoba resucita la España del pelotazo

Vuelve la España en blanco y negro, la del pelotazo en busca de fortunas rápidas. PV
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La política lo embarra todo. La participación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en dos reuniones en junio y julio de 2020 con el consejero delegado del Globalia, Javier Hidalgo, unos meses antes de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobara el rescate de la aerolínea por 475 millones ha disparado las alarmas y alimentado el debate sobre si se dieron con criterio económico o político.

La SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, otorgó 3.230 millones de los 10.000 millones de dotación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresa Estratégicas, constituido en la pandemia para evitar los cierres. Entre las 26 sociedades receptoras de ayudas se encuentran dos del grupo Globalia, que lograron 800 millones, casi un tercio del total del total. Se trata de la aerolínea Air Europa y la agencia de viajes Ávoris, fruto de la fusión de Halcón-Travelplan con Barceló, que luego adquirió la totalidad.

El fichaje de Begoña Gómez por el Instituto de Empresa (IE) sorprendió en su día por la ideología conservadora de su fundador, Diego de Alcázar, muy alejada de la posición progresista del matrimonio Sánchez. La idea no partió de él, sino de un miembro del PP, Juanjo Güemes, que tras ser cesado como consejero de Sanidad por Esperanza Aguirre, entró en el IE en 2010 como presidente del centro de Emprendimiento e Innovación y dos años después fue ascendido a vicepresidente de Economía y Finanzas.

El IE pasó de usar a Begoña Gómez para atraer alumnos con caché en África a captar patrocinios

Güemes se encargó de convencer a Diego de Alcázar hijo para contratar a Begoña Gómez a fin de impulsar la captación de alumnos en el continente africano. La esposa de Sánchez es licenciada en Marketing por ESIC y experta en fundraising y captación de fondos para organizaciones no lucrativas.

El fundador del IE siempre se opuso al fichaje y ahora tiene un gran disgusto porque el caso Koldo está sacando a la luz la falta de transparencia de las cuentas de la Fundación y amenaza con dañar el prestigio de esta escuela internacional de negocios.

Gómez fue despedida en junio de 2022, casi cuatro años después de su contrato en el Africa Center, y volvió a trabajar para la Complutense. Durante ese tiempo, no sólo fue utilizada por parte del IE como gancho para atraer a los hijos de primeros ministros y de dirigentes empresariales o políticos africanos, también sirvió para captar patrocinadores, que se acercaron para defender sus causas económicas, lo que está en el origen del fenomenal lío político creado.

Por eso resulta extraño que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que dirige Flor López desde 2007, rehusara la demanda presentada por el PP, alegando que no trabajaba para Air Europa. Ninguno de los altos cargos autorizados a trabajar en otra empresa después de dejar su puesto en la Administración suele estar a sueldo cuando solicita la autorización.

¿Hubiera recibido Air Europa igualmente el dinero si Hidalgo junior no se hubiera acercado a la esposa del presidente, a través del Africa Center? Probablemente sí, porque en paralelo utilizó a Víctor Aldama, uno de los comisionistas y cabecillas de la Trama Koldo, para mejorar su relación con el Ministerio de Transportes, que entonces dirigía José Luis Ábalos.

De las investigaciones llevadas a cabo por la UCO, perteneciente a la Guardia Civil, se deduce que Hidalgo hizo un gran esfuerzo por llevarse bien con el Gobierno. Este le correspondió dando luz verde a la operación y troceando la ayuda en dos préstamos inferiores a 250 millones (uno participativo y otro ordinario) para evitar la supervisión de la Comisión Europea.

Los préstamos a Air Europa estuvieron precedidos ya por otra polémica, la de Plus Ultra, una aerolínea con vínculos venezolanos, que a duras penas cumplía las condiciones de insolvencia temporal de la SEPI en el momento de recibir el rescate de 53 millones, aunque los tribunales exculparon al consejo rector que dio las ayudas, integrado por varios secretarios de estado, de responsabilidades penales.

Otro rescate muy cuestionado fue el de Duro Felguera, que logró 120 millones, pese a que los bancos se negaban a otorgar avales a los compradores que hasta entonces se habían interesado por ella y a capitalizar la deuda para facilitar su reflotación. En el salvavidas de Duro Felguera tomó una posición muy activa el gobierno asturiano del socialista Adrián Barbón con la entrada en su capital. El rescate se produjo al borde de un concurso de acreedores por causas estructurales, completamente ajenas a la pandemia, tras un acuerdo con los bancos para refinanciar la deuda de 85 millones.

El apoyo de Pepiño Blanco a empresas rescatadas por la SEPI y la opacidad generan inseguridad

El caso que corre estos días en boca de todos es el de Petit Palace, una pequeña cadena con 35 hoteles en su mayoría en Madrid, que pasó de tener prácticamente denegadas las ayudas a lograr la luz verde. El milagro se obró después de que su expediente pasara a ser gestionado por la consultora Acento, perteneciente al ex ministro de Fomento, Pepiño Blanco, y en la que se encuentran también ex ministros del PP como Alfonso Alonso o Elena Pisonero.

La alargada sombra de la política desdibuja los rescates de la SEPI, aunque sea difícil de demostrarlo en un juzgado. Hemos pasado de una situación en la que las ayudas públicas para reflotar empresas estaban perseguidas por la Unión Europea al todo vale por la pandemia. Los gobiernos se aprovecharon de esa situación crítica para transformar la excepcionalidad en normalidad, de manera que se concedieron miles de millones sin ningún tipo de control.

Ahora quieren ir más lejos y pasar de las subvenciones a entrar en el capital de empresas consideradas estratégicas, con la excusa de protegerlas ante la llegada de inversores extranjeros, que en muchas ocasiones llegan en son de paz, como los saudíes de STC en Telefónica.

De aquellos polvos vienen estos lodos. El Supremo ha puesto en su punto de mira 200 millones concedidos también a dedo por el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá para el despliegue del Ingreso Mínimo Vital después de que anulara 30 millones, que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz adjudicó a los agentes sociales para la digitalización del tejido industrial.

La Fiscalía europea abrió un expediente por los fondos empleados por Baleares y Canarias para la compra de mascarillas a la trama Koldo, mediante el pago de presuntas comisiones ilegales. Un informe difundido a principio de semana por el BCE señala que las ayudas puestas en marcha en pandemia sólo sirvieron para "salvar de la quiebra a empresas con baja productividad".

La CEOE publicó el miércoles el balance de los Next Generation hasta finales del año pasado. De los 38.419 millones recibidos hasta ahora, una cuarta parte del total, el 83% fue a la Administración y sólo el 17% acabó en manos privadas. La patronal critica "la ineficiencia en la ejecución", así como "la ausencia de transparencia en la gobernanza y la falta de adaptación de estas ayudas al sector privado".

La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, guarda un hermético silencio sobre la resolución de las ayudas del Fondo de Solvencia. Ni con el escándalo de Plus Ultra ni ahora que el fuego alcanza a la alcoba del presidente, jamás se ha puesto a disposición de la Prensa para responder a sus preguntas.

La opacidad agrava la sensación de que el dedazo político prevalece sobre la ortodoxia contable a la hora de decidir quien sale beneficiado. Para colmo de males, el presunto fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, defendido a capa y espada por su pareja, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, alimenta la creciente sensación de inseguridad jurídica. Una de las principales causas mencionadas por empresas nacionales y extranjeras para justificar el frenazo de su inversión en nuestro país. Los acontecimientos de estos días resucitan la peor cara de España, la del pelotazo y el chalaneo político en busca de fortunas rápidas.

PD.-La comidilla de la clase dirigente política y empresarial madrileña es quién usó el Falcon oficial para volar hasta en 33 ocasiones a República Dominicana en los últimos cuatro años. De un tercio de los vuelos, al parecer no existe registro oficial. Y, sobre todo: ¿Cual era la misión secreta en Dominicana? Nos quedamos con el suspense.

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