Madrid
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) destaca que la colaboración público-privada sigue siendo un obstáculo principal para que las empresas puedan participar en proyectos transformadores en el marco del Plan de Recuperación, según el sexto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España, elaborado por la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE. Aunque se observa un aumento en la resolución de las grandes líneas de ayudas, persisten las deficiencias en la ejecución de los fondos, como la falta de transparencia en la gobernanza, especialmente a nivel autonómico, y la falta de adaptación de las ayudas al sector privado.
El informe señala que, hasta la fecha, España ha recibido un total de 38.419 millones de euros de los 163.000 millones que constituyen el Plan de Recuperación. Esto incluye 37.036 millones que han sido recibidos de los tres desembolsos realizados por la Comisión Europea, así como 1.383 millones correspondientes a la prefinanciación de la Adenda, la cual fue autorizada en enero. Esto incluye 9.000 millones de euros en concepto de prefinanciación, aproximadamente 28.000 millones de euros desembolsados en los tres primeros pagos, y 1.383 millones de euros de prefinanciación a cargo de REPowerEU. Además, el Gobierno ha solicitado 10.021 millones correspondientes al cuarto desembolso, pero estos fondos aún están pendientes. Se ha establecido una nueva prórroga hasta el mes de mayo para la evaluación técnica de 61 hitos y objetivos relacionados con estos fondos solicitados.
El informe destaca que, desde la segunda mitad de 2023, los abonos realizados por la Comisión Europea se han ralentizado, siendo el último pago del tercer desembolso efectuado en marzo. En comparación con otros países europeos, como Italia y Portugal, que han avanzado en la recepción de fondos Next Generation, España se encuentra rezagada. Estos países ya han recibido el cuarto pago parcial en diciembre pasado.
Cumplimiento de hitos
En cuanto al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, España ha alcanzado apenas el 20% del total, con 182 de 595 hitos y objetivos establecidos en la Adenda al Plan de Recuperación.
El segundo semestre de 2023 estuvo marcado por el impacto del proceso electoral, lo que retrasó la consecución de los hitos de reforma. Sin embargo, estos hitos han disminuido en importancia para dar paso a los objetivos de inversión, que han cobrado mayor relevancia tras la Adenda al Plan de Recuperación. La solicitud del cuarto pago del Plan, correspondiente al último semestre de 2023, implicó el cumplimiento de hitos relacionados con la transición ecológica, como la aprobación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley de Vivienda, o el paquete de medidas para impulsar la economía circular.
En diciembre de 2023, dentro de la solicitud del cuarto tramo de fondos disponibles, se aprobaron dos Reales Decretos-Ley significativos. El primero, el Real Decreto-Ley 6/2023 de 19 de diciembre, incluyó medidas urgentes para la ejecución del Plan en áreas como el servicio público de justicia, la función pública, el régimen local y el mecenazgo. El segundo, el Real Decreto-Ley 8/2023 de 27 de diciembre, adoptó medidas para abordar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para mitigar los efectos de la sequía.
Ambos Reales Decretos-Ley incluyeron hitos relevantes para la recepción del cuarto pago parcial, como número 148 relacionado con la reforma de la función pública, el 152 relativo a la reforma judicial, y el 352 referente al Estatuto del Artista, el fomento del mecenazgo y el régimen de incentivos fiscales.
Es importante destacar que el Real Decreto-Ley 7/2023 de 19 de diciembre, que abordaba cuestiones como la conciliación de la vida familiar y laboral de los progenitores y cuidadores, así como la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, no fue convalidado. Este decreto contenía un hito relevante del Plan de Recuperación, que era la regulación del subsidio por desempleo. La no convalidación de este Real Decreto-Ley puede tener implicaciones en la implementación de ciertas medidas y objetivos del Plan de Recuperación relacionados con la protección social y el mercado laboral.
Desembolsos adicionales
Para los próximos años, España podrá recibir desembolsos adicionales según el cronograma establecido: hasta 25.600 millones de euros en 2024, hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026.
A partir de este año, el cumplimiento de estos hitos y objetivos adquiere mayor importancia en las inversiones, especialmente con el aumento de la publicación de grandes convocatorias dentro del marco de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), así como el despliegue de los hasta 84.000 millones de euros en préstamos previstos en la segunda fase del Plan.
A diciembre de 2023, se han resuelto más de 33.600 millones de euros en subvenciones y licitaciones, de los cuales 28.000 millones han sido asignados por la Administración General del Estado, representando un 83% del total, mientras que 5.600 millones se han destinado a las Comunidades Autónomas, constituyendo un 17% del total. De esta cifra, alrededor de 17.000 millones de euros han sido dirigidos al sector privado.
Trabas en las convocatorias
Sin embargo, las empresas continúan experimentando una falta de transparencia en la publicación anticipada de las convocatorias, lo que dificulta la preparación de las solicitudes de proyectos. Además, destaca el informe que se están observando retrasos en la adjudicación de las ayudas, generando incertidumbre para presentarse a segundas convocatorias. Además, avisan de que se empiezan a evidenciar retrasos en la adjudicación de las ayudas, lo que genera incertidumbre para presentarse a segundas convocatorias.
En relación con los préstamos previstos en la segunda fase del Plan de Recuperación, una de las principales preocupaciones del sector privado es la escasa información pública disponible sobre el diseño de las líneas de financiación, especialmente en lo que respecta a fondos como la línea ICO-Empresas y Emprendedores o el Fondo de Resiliencia Autonómica. Esta falta de información dificulta que las empresas puedan acceder a los préstamos con las condiciones y plazos establecidos por las entidades financieras.
La patronal insiste también en la necesidad de resaltar el papel protagonista que el sector bancario debe tener en la canalización de estos préstamos. "Todo esto conforma un entramado de desafíos en los tres niveles de la Administración, que deben concentrar sus esfuerzos en estrechar lazos con las necesidades de las empresas a nivel autonómico y regional, con el objetivo de ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas, así como para que los proyectos adjudicatarios se adecúen a la realidad territorial y sus prioridades", abunda.
El 'Kit digital' no llega
Programas como el Kit Digital, diseñados para promover la digitalización y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes), presentan asignaciones de recursos financieros que resultan ser muy ajustadas. Esta limitación financiera restringe la capacidad de las pymes para llevar a cabo una transformación significativa en su modelo productivo, a pesar de la cobertura y la gestión territorial acertada que pueda tener el programa. Esta situación resalta la necesidad de revisar y potenciar los recursos asignados a iniciativas dirigidas a la digitalización y la competitividad de las pymes, con el fin de garantizar que estas empresas puedan adaptarse y prosperar en un entorno empresarial cada vez más digitalizado y competitivo.
El informe destaca también la necesidad de que la adjudicación de los fondos en la segunda fase del Plan se ajuste mejor a las necesidades territoriales, proporcionando mayores dotaciones en proyectos estratégicos y PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) para las empresas a nivel local. Se señala que los fondos asignados a nivel territorial no están suficientemente adaptados a las necesidades locales, lo que impacta negativamente tanto en la eficiencia de la gestión como en el impacto esperado de estos fondos. Además, se menciona que las pymes continúan enfrentando grandes dificultades para participar en los PERTE. En este sentido, no se ha logrado el efecto tractor deseado inicialmente en la cadena de valor.
