Madrid
El foco está puesto en tapar la presuntas "vergüenzas" del 'caso Koldo' que afectan a la élite socialista en el gobierno y están dejando de lado la gestión de los fondos europeos 'Next Gen', que depende del Ministerio de Hacienda y que ahora ha asumido un control más directo.
De hecho, tras una serie de renuncias de altos cargos y la amenaza de Esperanza Teba, directora general de Fondos Europeos, de abandonar también el barco en un momento convulso, la ministra María Jesús Montero ha rechazo varias solicitudes de cese de esta oficina, lo que refleja la magnitud del problema. Es más, fuentes cercanas al Ministerio aseguran que la desbandada de cargos sería aún mayor si no se estuvieran rechazando esos ceses.
En esta reorganización, la Secretaría General de Fondos Europeos de la Secretaría de Presupuestos, pasa a depender directamente del gabinete de la ministra.
En el Real Decreto 1009/2023 de 5 de diciembre "por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales", que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de diciembre, se observa que la Secretaría General de Fondos Europeos, ya estaba directamente bajo el control de la ministra, que supervisaba tanto la Dirección General de Fondos Europeos como la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El cambio actual radica también en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que deja de depender de la Subsecretería y volverá a la Secretaría de Estado de Presupuestos.
Es decir, que la función de control siempre ha estado en el Ministerio de Hacienda, pero con todos los ojos puestos en la investigación en la presunta trama de cobro de comisiones por la compra de mascarillas, sumado a la inestabilidad que hay en las áreas claves (auditoría, control, solicitudes de pago…), Montero pretende ejercer presión directa y tener información de primera mano, incluidos los problemas persistentes en el sistema CoFFe y Minerva, utilizado para gestionar los datos de los proyectos financiados por los fondos europeos.
Isabel Rodríguez Tejedo, profesora de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, destaca que la creación de una nueva Subdirección de Sistemas de Información de Fondos Europeos "parece una medida para reforzar los esfuerzos por solventar las dificultades técnicas y la comunicación con la Comisión Europea". En última instancia, esta reestructuración podría servir para reducir el habitual problema de agencia que se produce cuando un Ministerio delega la toma de decisiones y la ejecución de acciones en otra entidad. La posible mejora en la supervisión y coordinación, sin embargo, dependerá de cómo se implemente en la práctica y de si realmente logra abordar los problemas subyacentes en la gestión de los fondos europeos.
Juan Luis Jarillo Gómez, profesor de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, añade que "se busca evitar, por un lado, los conflictos dentro de los distintos ministerios y, por otro lado, dar una imagen exterior de ser rigurosos en su manejo". "Un control directo de los fondos para evitar desviaciones y lanzar la imagen de ser rigurosos en su gestión, distribución y que se cumplen las directrices europeas".
Cero tolerancia con la corrupción
La Comisión Europea ya ha contactado con las autoridades nacionales para analizar si el caso de corrupción afecta al presupuesto de la UE y remite la información a la oficina antifraude (OLAF) para que lleve a cabo una investigación exhaustiva. Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, indicó que espera que la trama no ponga en riesgo fondos europeos para España y pidió "esperar".
La UE entra en juego en el momento en el que parte de esos contratos se financiaron con fondos comunitarios FEDER. Recuerda la política de "cero tolerancia con la corrupción". En última instancia, si se determina que el fraude afectó a fondos europeos, Bruselas puede congelar o bloquear dinero en el futuro por el importe que presuntamente se haya desviado.
A pesar de los desafíos internos en la gestión de las ayudas, España ha logrado recibir tres desembolsos de estos fondos. Sin embargo, el cuarto desembolso, de 10.000 millones de euros, está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Europea, que mira con lupa los requisitos establecidos pra el desembolso, incluida la reforma del subsidio por desempleo que se enfrenta a obstáculos en el Congreso de los Diputados.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha elevado al Ministerio Público Europeo una denuncia relacionada con adjudicaciones por un total de 15,3 millones de euros, financiados con fondos europeos, realizadas por los gobiernos de Ángel Víctor Torres en Canarias y Francina Armengol en Baleares, por las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de contratos o en el uso de fondos públicos.