La denuncia machacona del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que se paseó por todas las televisiones para explicar el despropósito de los trenes de cercanía regionales que no cogían por los túneles puso de los nervios a Sánchez en vísperas de los comicios municipales y autonómicos. El asunto ha sacado a relucir los trapos sucios en el Ministerio de Transportes.
La ya ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, llevaba meses quejándose a la ministra de Transportes sobre la deficiente gestión de Renfe. Los problemas con los Cercanías se habían multiplicado en los últimos meses, los retrasos puntuales en líneas como la extremeña seguían sin resolverse y el proyecto millonario de Texas para construir la línea de alta velocidad entre Houston y Dallas había entrado en vía muerta por falta de financiación. El presidente de Renfe, Isaías Táboas, se negaba, sin embargo, a reconocerlo y alimentaba la ficción de que la iniciativa seguía adelante y mantenía intacta la plantilla desplazada a Estados Unidos para resolverlo.
Pardo de Vera pedía el cese, además, de dos directores generales, el de Desarrollo y Estrategia, Manuel Villalante, y el de Operaciones, José Luis Cachafeiro. Dos veteranos de la casa relacionados directamente con el escándalo cántabro. El constructor ferroviario CAF, adjudicatario de la treintena de trenes de Feve para Cantabria, había denunciado en enero de 2021 que los convoyes encargados cogían muy justo por los túneles y sería mejor modificarlos.
El pedido se había hecho recurriendo a los gálibos elaborados en 2015, en tiempos de Rajoy, para las nuevas líneas ferroviarias, no para los ferrocarriles de vía estrecha de la cornisa cántabra, con medidas especiales. Cachafeiro y Villalante prestaron oídos sordos a la reclamación del fabricante vasco. Durante dos años, no movieron un papel, hasta que Revilla puso el grito en el cielo.
La titular de Transportes, Raquel Sánchez, telefoneó a Pardo de Vera, para comunicarle el cese del presidente de Renfe, después del escándalo político montado. Y luego añadió que ella también debía marcharse. La secretaria de Estado no se lo esperaba y, en un primer momento, hasta se encaró con la titular de Transportes pidiéndole explicaciones, aunque enseguida aceptó su destitución.
La ministra le responsabilizó también del desaguisado. Pardo de Vera había sido nombrada secretaria de Estado unos meses después del encargo de los trenes, pero nadie le había hablado del tema hasta hace poco, dada su mala relación con los responsables de Renfe.
La ministra lamentó durante una reciente visita a Cantabria junto al presidente regional, que se hubiera tenido que enterar por la Prensa. En medios cercanos, se asegura que los roces entre ellas las había separado desde hacía meses.
Después de los encontronazos con Podemos a cuenta de la ley del Sí es sí y del fiasco de los trenes, la gestión por parte de Calviño de la visita de la delegación hostil de europarlamentarios para supervisar los fondos europeos produce alivio en el Gobierno.
Si alguien pensó que la Unión Europea iba a tumbar el desembolso del último tramo de los fondos Next Gen se equivocó. A la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, que encabezó la misión, se le fue la fuerza por la boca.
Aterrizó en nuestro país precedida por unas declaraciones explosivas sobre la dudosa gestión de los recursos, pero se marchó con las manos vacías. Falta de transparencia y de coordinación con las autonomías y desconocimiento sobre el grado de ejecución de los fondos por culpa del sistema Coffe, demasiado complejo y burocrático. Nada nuevo bajo el sol, que no supiéramos ya.
Las dificultades con los fondos Next Generation son varias. La primera, el exceso de papeleo y las exigencias de todo tipo de Bruselas, que alargan los tiempos administrativos, según explica el Gobierno. Pero, además, hay un grave problema de coordinación entre María Jesús Montero y Nadia Calviño. Apenas existe interlocución, al igual que ocurre entre las dos ministras.
-"Nosotros no tenemos nada que ver con los retrasos en la ejecución, eso hay que preguntárselo a Calviño", contestan en medios internos de Hacienda.
El Ministerio de Montero es el encargado de recopilar y enviar los datos a Europa, mientras que el de Calviño tiene en sus manos la ejecución del gasto. El Consejo de Ministros aprobó en octubre pasado el nombramiento de Jorge Fabra como nuevo director general del Plan y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en sustitución de Rocío Frutos Ibor, que había pedido su renuncia unos meses antes por "cuestiones personales".
Su jefa, la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, que había sido ascendida al cargo con rango de subsecretario de Estado en enero de 2021, también parece que ha pedido el traslado a otras funciones del Gobierno, harta de las complicaciones de todo tipo, según fuentes cercanas.
Caballero es la responsable del manejo del sistema Coffe, tan criticado por la delegación de europarlamentarios. En una visita de dos días no da tiempo para profundizar en los problemas y menos aún teniendo en cuenta que la misión era consultiva, no tiene poder coercitivo sobre la Comisión ni sobre el Gobierno español.
Hohlmeier se equivocó, centró el tiro en la malversación y en la corrupción, sobre la que no hay pruebas. El comunicado final no recogía una palabra sobre las reformas pendientes, pese a que la Unión Europea advirtió la víspera que el pago de los fondos se podía interrumpir total ó parcialmente si se incumple la hoja de ruta pactada.
La patata caliente está en dos de los cuatro puntos de la reforma de pensiones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó un alza de las cuotas máximas y el mecanismo intergeneracional, pero aún no ha logrado un acuerdo para alargar a 30 años el período de cómputo para la pensiones y debe presentar un plan para contener el déficit de la Seguridad Social en 2050.
En contra de la opinión de muchos medios de comunicación, creo que Escrivá superará el examen, ya que Bruselas no se atreverá a enmendar la plana a Sánchez en vísperas de su presidencia de la Unión. España, la cuarta economía del euro, tiene, además, un gobierno entusiasta de las instituciones comunitarias (tanto el presidente como la vicepresidenta Calviño aspiran a retirarse trabajando en ellas), que no plantea problemas.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en una reciente ronda de entrevistas con varios medios europeos después de la presentación de las perspectivas para invierno de la eurozona, también pasó de rositas sobre el tema de las pensiones, incluso advirtió que no iba a contestar preguntas, seguramente porque no tenía datos.
Nuestro país es el más avanzado en el empleo de los Next Generation, como recalcó Calviño. La semana pasada, Bruselas autorizó el tercer tramo, con lo que se completaron 31.000 millones, de los que más del 75% están comprometidos.
Aunque sólo una tercera parte de esa cantidad está desembolsada, hasta entidades muy críticas como BBVA, reconocen que entre 2023 tendrá un impacto de 1,5 puntos del PIB, porcentaje que crecerá a 2,5 puntos entre 2024 y 2026.
Calviño cuenta, asimismo, con este chute de recursos europeos para mantener el ritmo de la economía en 2023, como ya ocurrió en 2022, en el que España escapó de la recesión en el último trimestre, gracias a la inversión pública. Este ejercicio es decisivo porque se celebran elecciones municipales y regionales en mayo y generales en diciembre.
El balón está en el tejado de Escrivá, pero lo tiene fácil. Ampliar a dos los años exentos para el cómputo permite reducir la penalización de las pensiones prácticamente a cero, mientras que cargará sobre autónomos y ricos el incremento de las cotizaciones para reducir entre 10.000 y 15.000 millones la brecha entre ingresos y gastos de la Seguridad Social en 2050.
La Comisión es la primera interesada en que no haya problemas con el plan español, porque representaría una mala señal para el resto de países, que van retrasados. Bruselas parece que está dispuesta a echar tierra por medio y aquí paz y después, gloria.